04 de octubre de 2015
04.10.2015

Una década de trámites burocráticos e inservibles

05.10.2015 | 07:09

El pliego de condiciones de la contrata del Plan Zonal de la Vega Baja comenzó a elaborarse en 2005 y se adjudicó por unanimidad de PP y PSOE en enero de 2008 a la UTE Cespa-Ortiz en la oferta que contemplaba instalar el vertedero en la pedanía oriolana de Torremendo, a pesar de que ésta no fue la opción mejor valorada por los técnicos. Los vecinos iniciaron entonces una batalla judicial que acabó con una sentencia en septiembre de 2010 que anuló esa adjudicación y ordenó que la planta de residuos se ubicara en Albatera. En paralelo a ese proceso estalló el caso Brugal, que investiga el amaño de esa adjudicación y que acabó con imputaciones que afectan a políticos como el entonces presidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, y empresarios como Enrique Ortiz.

Ese fallo fue recurrido por el Ayuntamiento de Albatera y desestimado posteriormente por el TSJ, en julio de 2012. Así, fue en abril del siguiente año cuando la nueva presidenta de la institución provincial y del Consorcio de la Vega, Luisa Pastor, aprobó ejecutar la sentencia y adjudicar el macrovertedero a la misma UTE pero en Albatera, esta vez con la oposición del PSOE y frente a enérgicas protestas vecinales. Pero en enero de 2015 ese contrato fue rescindido por el Consorcio alegando incumplimientos de la adjudicataria, principalmente por que no disponía de los terrenos donde dijo que iba a ubicar las instalaciones, a pesar de que la disposición de esas fincas fue puntuada de forma positiva por los técnicos del Consorcio. m. a. r.

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