Centenares de camiones de basura de la mayoría de los 27 municipios de la Vega Baja (Pilar de la Horadada lo hace en la región de Murcia) han desfilado durante los últimos días por media provincia para poder abocar los desechos en vertederos. El repentino cierre de la planta de Crevillent ha vuelto a poner en jaque a los dirigentes políticos encargados de gestionar la eliminación de los desechos. En esta ocasión ha sido la Generalitat quien ha intervenido de urgencia para autorizar el envío de basuras a Elche, Villena y Jijona. Pero no es más que una solución temporal para evitar el colapso que ha disparado los costes para desviar los residuos a basureros que distan hasta 120 kilómetros, como es el caso de Orihuela costa.
Diez años después de que comenzara a redactarse el pliego del contrato para ordenar las basuras, ni el Consell ni la Diputación ni los dirigentes de la comarca han conseguido poner en marcha un Plan zonal con una planta de referencia para el tratamiento de unos desperdicios que aunque para la mayoría son tan sólo eso, basuras, para otros son la piedra angular de un suculento negocio que genera millones de euros de beneficios salpicados por la corrupción, como la que se investiga en el caso Brugal.
Por lo pronto, la Vega Baja precisa ahora una planta de transferencia para compactar cada día los desechos en camiones de gran tonelaje y llevarlos a los vertederos autorizados. Se trata de la única alternativa para reducir el sobrecoste en kilometraje de tener que desplazar los camiones de basura uno a uno hasta otros puntos de la provincia. La Generalitat ha ofrecido gestionar ese servicio mediante la empresa pública Vaersa, que mantiene operativas otras tres plantas similares en la provincia. Sólo falta encontrar el emplazamiento adecuado, y ese es un reto que ha asumido el PSOE de la Vega Baja. Tras las últimas elecciones, los socialistas han obtenido el control del Consorcio de Residuos comarcal y son ahora los responsables de intentar arreglar todo ese desaguisado.
Hasta ayer, el Ayuntamiento de Almoradí fue el único que admitió estar valorando la opción de ofrecer la posibilidad de poner en marcha la planta en una nave industrial del polígono Las Maromas, que no es de propiedad pública pero que podría ser alquilada. Su ubicación, muy cerca de la AP-7 facilitaría el trasiego de los camiones. No obstante no hay nada cerrado.
Polémicas vecinales
La polémica que las instalaciones de residuos generan entre los ciudadanos es algo que conocen bien los dirigentes políticos, especialmente en Albatera, Granja de Rocamora y Cox, donde el anterior Plan Zonal ubicaba un vertedero y una planta para tratar las 247.000 toneladas que se generan cada año en la Vega Baja. Las incesantes protestas vecinales se acabaron apagando cuando el 21 de enero de este año el Consorcio de Residuos acordó rescindir la adjudicación del suculento contrato a la UTE Cespa-Ortiz alegando incumplimientos. Esa decisión puso fin a 10 años de tramitación del que probablemente sea el Plan Zonal más polémico de toda la Comunitat por haber sido manoseado por los tentáculos de la corrupción.
Ahora toca volver a empezar desde cero con un nuevo Plan Zonal que esta vez está en manos del PSOE, que controla el Consorcio y que gobierna la Generalitat en coalición con Compromís. Pero mientras no haya una solución, las basuras de la Vega Baja seguirán desfilando por media provincia en busca de vertedero.
