La decisión de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, de transformar uno de los cinco juzgados de Instrucción (materia penal) en Primera Instancia (civil) permitirá a Torrevieja comenzar a vislumbrar el final de un largo túnel de quejas y reivindicaciones en una ciudad que sufre un colapso desde que se decidió hace una década separar las jurisdicciones y que sólo tres de los ocho órganos mixtos entonces existentes asumieran las demandas. Ahora estarán equiparados 4-4 con los que tramitan denuncias y querellas. Aquella decisión de la junta de jueces que entonces presidía la magistrada Juana López de los Hoyos desde 1997 se revierte, tal y como pretendía su sustituto, Mariano Gómez, quien tomó posesión el pasado mes de abril.
Torrevieja tenia el triste record de tener juzgados con un módulo de entrada de 1.763 asuntos anuales, caso del Primera Instancia número 1, lo cual colocaba en un 245% la carga de trabajo por encima de lo aconsejable según los criterios del Consejo General del Poder Judicial. Con más asuntos de los que se podía resolver se llegaba a una situación de colapso que sufrían los ciudadanos y por ende abogados y procuradores. La justicia dejó de ser ágil.
El anuncio de la consellera el miércoles añade otro juzgado para Torrevieja a medio plazo (al igual que en Villajoyosa o Novelda), este de carácter Penal por lo cual se crea en Orihuela (que es el que tiene estas competencias) sobre el papel aunque físicamente se abrirá en la Ciudad de la Sal. En estos momentos, existe en Torrevieja un juzgado de lo Penal que tiene un magistrado de apoyo porque la realidad es que la carga de asuntos pendientes de enjuiciar -el módulo alcanza el 176% por encima de la media del Poder Judicial, con 748 asuntos al año- supera con creces su capacidad. Este juzgado aún no tiene fecha de apertura porque lo que ha hecho la Conselleria de Justicia es un mero anuncio.
