El PP asegura que llevará al juzgado a la edil de Fiestas

El equipo de gobierno pentapartito sostiene que no existe tal contrato, y que la empresa no es adjudicataria del servicio, pero Albaladejo ha vuelto a insistir y advertir que la red comercial de la editorial, afincada en León, sigue comercializando los espacios publicitarios con el aval de documentos de presentación municipal. No solo para elaborar la revista de las fiestas patronales del próximo mes de diciembre, también para la Feria de Mayo de 2016.

El PP asegura que la mercantil, a la que no ha citado por su nombre comercial, sigue «captando el dinero de los torrevejenses», al presentar su producto con el aval de una carta firmada por la concejala África Celdrán, -de la que ha vuelto a reclamar su destitución- con el sello y escudo del Ayuntamiento.

Albaladejo asegura que esta práctica contrasta con el anuncio del equipo de gobierno de ayer en el sentido de que ha abierto a las ofertas de cualquier empresa los contratos menores. Un anuncio que considera «indecente» y una «cortina de humo» para tapar precisamente la irrregularidad de la actuación de la empresa a día de hoy. Además, ha asegurado que las tarifas de inserción de publicicidad que solicita la empresa superan en un 400% los precios de las que piden entidades torrevejenses a la hora de editar sus propias revistas, como es el caso de la Junta Mayor de Cofradías -que por otra parte, ha recibido en los últimos años una importante subvención municipal-. Por ejemplo, el anuncio de la contraportada de esta revista de Semana Santa cuesta 400 euros mientras que el que, según el PP, se está comercializando con el aval municipal para el mismo espacio es de 1.200.

«Alguien se lo está llevando con el consentimiento del alcalde José Manuel Dolón», ha asegurado textualmente el exconcejal de Hacienda, en relación a este asunto.

El equipo de gobierno sigue insistiendo en que en esta gestión la edil cometió «el error» de no asesorarse a lo hora de firmar una documentación que desde el punto de vista de la ley de contratos públicos no tiene validez legal porque no cuenta con la supervisión de los técnicos.

La edil creyó que lo que rubricaba era solo un compromiso previo a una tramitación administrativa posterior, pero que ha sido utilizado por la firma para presentar su comercialización. Todo con el criterio de que la oferta de la empresa permitía al Ayuntamiento no tener que desembolsar partida alguna a cambio de obtener una distribución gratuita de 8.000 ejemplares, con presencia institucional del municipio en sus páginas.

Incluso el municipio, según ese «convenio», iba a aportar al municipio 2.000. Esa cantidad también es objeto de polémica porque la oposición sigue preguntando si se ha recibido y quién la ha recibido. Este tipo de canon solo se ingresa cuando se entrega el producto. «El alcalde dijo que la edil ha podido meter la pata, pero no la mano. La mano se puede meter por acción o por omisión», ha dicho.

Cuando se hizo público este asunto el equipo de gobierno aseguró que había instado a la empresa a dejar de comercializar ese producto en nombre del Ayuntamiento. La firma, editorial MIC, ha continuado realizando su acción comercial y la última vez que se pronunció sobre la polémica aseguró que consideraba que su convenio tenía validez, además de sugerir que ya tenía contratos cerrados de publicidad.