La oposición del PPy el Pader de Rojales ha pedido a la Secretaría municipal que aclare qué relación existe entre la empresa Seyma y el Ayuntamiento, dado que ésta utiliza en exclusividad buena parte del espacio público del municipio para instalar vallas publicitarias sin que al parecer exista contrato. La empresa tiene más de 120 vallas en Ciudad Quesada, por las que cobra hasta 3.000 euros anuales a las empresas que se publicitan y según sospecha la oposición, no paga nada al Ayuntamiento. La imagen al llegar a Ciudad Quesada sorprende al visitante porque ambas aceras se encuentran cubiertas prácticamente de señales de todo tipo indicando los negocios que se distribuyen a lo largo de la zona, muchos en inglés y otras lenguas extranjeras, todo en un laberinto de dudoso gusto que PP y Pader quieren fiscalizar de una vez por todas.

Según la oposición, el Ayuntamiento firmó un contrato en 2009 con la citada mercantil autorizándole el uso del espacio público para instalar vallas publicitarias durante un año. Acabado el plazo el consistorio inició un concurso para licitar ese servicio pero nunca se acabó de tramitar y no se adjudicó. Desde entonces esa empresa habría seguido usando los soportes para obtener beneficios sin pagar ningún canon. Este diario trató de contactar ayer con el regidor de Rojales sin conseguirlo.

Aunque ese no es el único tema de interés porque la oposición ha obligado al alcalde Antonio Pérez (PSOE) a solicitar informes a Intervención para aclarar cuántas horas extra está pagando el Ayuntamiento a los empleados y los escritos que justifican la urgencia y la excepcionalidad en la contratación. Así, quieren saber además si el pago de esas horas se está realizando con reparos de intervención dado que consideran excesivo que sólo durante agosto el Ayuntamiento pagara hasta 1.268 horas extraordinarias.

Este asunto será debatido en un pleno de carácter extraordinario que se celebra el 1 de octubre y en el que esperan recibir explicaciones del equipo de gobierno que aclaren este asunto dado que les sorprende que, por ejemplo, el pasado junio un sólo trabajador acumulara hasta 234 horas extra, algo que consideran prácticamente imposible si se tiene en cuenta que su jornada laboral es de 7,5 horas diarias. Así, algunos otros cobran cada mes una cantidad fija en horas extra. Otro de los asuntos que llaman la atención de la oposición es que hay trabajadores que incluso facturan horas extra durante sus vacaciones y quieren que se aclare si ese extremo es legal.

En la sesión plenaria se abordarán igualmente otros asuntos que la oposición considera que pueden ser irregulares, como el hecho de que el Ayuntamiento mantenga a una trabajadora municipal desempeñando funciones en el consultorio médico desde diciembre de 2006, a pesar de que el servicio sanitario está siendo prestado por la empresa que gestiona el Departamento de Salud de Torrevieja, que mantiene igualmente la concesión del hospital de esa ciudad. A este respecto, se han solicitado informes a Secretaria e Intervención para dilucidar si es legal mantener a una empleada municipal desempeñando su trabajo en una empresa privada, interesándose sobre si existe algún tipo de relación contractual entre el Ayuntamiento y la mercantil. Sobre este asunto, la oposición considera que se ha podido estar beneficiando a la empresa en detrimento de los intereses municipales. Es por ello que exigen al gobierno local que reubique a esa trabajadora en otro puesto y que exija a la empresa que devuelva los salarios que se le han pagado dado que no ha estado desempeñando ninguna labor para el consistorio, sino para la mercantil.

Romería de San Isidro

Otra de las cuestiones que la oposición espera aclarar con informes de los técnicos municipales es cómo se ha gestionado el servicio de barra en la Romería de San Isidro de este año y el pasado, dado que, según sospechan, no existió un proceso de licitación de este servicio que permitiera a cualquier vecino poder realizarlo y todo apunta a que fue adjudicado a dedo y sin que el Ayuntamiento recibiera ningún canon. Por ello, han pedido a Intervención que informe sobre cuál ha sido el coste de esa fiesta los dos últimos años y cuáles han sido los ingresos percibidos por el Ayuntamiento.