Una sentencia judicial ha puesto en jaque a la planta de basuras de Crevillent encargada de gestionar el tratamiento y la eliminación de nuevos residuos al encontrarse en un suelo protegido junto a El Hondo y carecer de una licencia ambiental. El juzgado de lo Contencioso de Elche ha declarado nula la adjudicación del contrato de recogida y gestión de basuras con Abornasa, con lo que el Ayuntamiento crevillentino se ha visto obligado a cerrarla e iniciar las gestiones para la posible recogida de residuos en la planta de reciclaje de Elche.
Este perjuicio también deja en una situación muy difícil a media Vega Baja, cuyos ayuntamientos fueron autorizados por la Conselleria de Medio Ambiente para llevar sus basuras a estas instalaciones y de allí a la de Xixona. Orihuela logró anoche desviar a la mitad de camiones a esta planta aunque el resto de municipios, a medianoche, creían que tendrían que dejar la basura dentro de ellos y esperar hoy a ver qué pasa. Los ayuntamientos se dirigirán a la Diputación en busca de soluciones.
La sentencia, que todavía no es firme, llega después de que el grupo municipal de L'Esquerra denunciara ante los tribunales que la empresa no cumplía los requisitos legales para ejercer la actividad. En esta línea, el fallo del juez dictamina que Abornasa excedió el plazo para notificar la autorización ambiental integrada y que en el momento de la adjudicación del contrato carecía del permiso. Asimismo, la sentencia alerta de que en el caso de una inundación de las instalaciones «podría llegar a ocasionarse una catástrofe medioambiental de efectos negativos difíciles de revertir en el ecosistema de lagunas». Con ello, desde el grupo municipal de izquierdas, su concejal Daniel Galvany criticó que «el equipo de gobierno siempre ha defendido la adjudicación del contrato de basuras afirmando que la mercantil tenía una prórroga provisional». En esta línea, Galvany denunció «no entender cómo el Ayuntamiento de Crevillent adjudicara un contrato a una empresa que no tenía licencia medioambiental». Frente a ello, los servicios jurídicos municipales están estudiando la resolución porque hay quince días para interponer un recurso ordinario de apelación, ya que la sentencia no es firme. Además, el equipo de gobierno estudia los elevados costes que supondría para las arcas trasladar el tratamiento de residuos a Elche.
