El equipo de gobierno de Almoradí, formado por el PSOE e IU, ha ordenado al redactor del Plan General de Ordenación Urbana y a los técnicos municipales excluir del documento los 4,3 millones de metros cuadrados que la Generalitat prohibió recalificar y el PP se empeñó en incluir como «suelo de reserva»la Generalitat prohibió recalificar para intentar blindar el futuro crecimiento de la ciudad.
El objetivo del bipartito pasa por aplicar a rajatabla el informe elaborado por la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de la Generalitat Valenciana, que rechazó el pasado año las pretensiones de recalificar terrenos para construir 11.000 viviendas en plena huerta alegando un crecimiento injustificado. Para intentar sortear esa disposición, el anterior gobierno de Antonio Ángel Hurtado llevó a pleno una modificación basada en incluir esos terrenos como «suelo no urbanizable común de reserva», una maniobra que fue muy criticada por la entonces oposición del PSOE e IU, que acusó a los populares de orquestar un pelotazo urbanístico para primar la especulación.
Pues bien, el concejal de Urbanismo de Almoradí, Alejandro Lorenzo, ha explicado que el bipartito mantendrá todos esos terrenos como suelo no urbanizable dado que incluirlos como «suelo de reserva» supondría limitar el futuro urbanístico de Almoradí a largo plazo. Además, esgrimen que el suelo que está disponible hoy para edificar sólo está ocupado en un 45%, por lo que con los terrenos que se incluirán en la nueva versión del PGOU, y que sí han recibido el visto bueno de la Generalitat, «es más que suficiente». Ahora será el secretario del Ayuntamiento el que tendrá que indicar cuáles son los pasos que hay que dar para deshacer el último acuerdo del PP para incluir la citada «zona de reserva». Ese cambio se aprobó en pleno y el documento pasó al periodo de exposición pública, recibiendo decenas de alegaciones. La cuestión es que esas alegaciones nunca se resolvieron en la pertinente comisión de Urbanismo debido a que llegaron las elecciones. Por eso, es necesario conocer si primero hay que resolver las alegaciones o, en cambio, se puede modificar la versión existente del Plan General y llevarlo directamente a pleno para volver después a exponerlo al público.
No obstante, la aprobación de cualquier cambio en la versión del Plan General necesitará de forma obligada el voto del grupo Ciudadanos, que está en la oposición aunque facilitó la investidura del bipartito mediante un acuerdo que incluía, precisamente, tumbar el PGOU proyectado por el PP y buscar una versión «más sostenible».
De llegar a un acuerdo, los tres grupos acabarían con uno de los proyectos más defendidos por el exalcalde Hurtado, que intentó hasta el último momento acelerar la aprobación definitiva del Plan General antes de dejar la política.
