El juzgado 2 de Torrevieja considera que los responsables del mercadillo El Campico de Guardamar han podido cometer un delito contra la ordenación del territorio y otro contra el medio ambiente en un auto con el que concluye la investigación y en el que destaca que los vertidos de aguas residuales que se generan en el zoco y se vierten a fosas sépticas pueden afectar a la laguna de la Mata.
El auto ha sido notificado a los imputados, que son los dos gerentes que explotaban la actividad y la administradora, familiar directa de uno, y en él se da un plazo al fiscal y las acusaciones para formular escrito de acusación, de sobreseimiento o pedir que se practiquen más diligencias.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil inició la investigación de estos hechos. El juez recuerda que en noviembre de 2014 y por mandato judicial se extrajeron muestras de las aguas residuales vertidas en distintas fosas sépticas emplazadas dentro del recinto que fueron analizadas por la Confederación Hidrográfica del Segura, que determinó que presentaban parámetros característicos de «agua residual urbana de alta carga sin depurar». Al tratarse de una zona permeable, prosigue el magistrado, y teniendo en cuenta la proximidad de la laguna de La Mata «existe posibilidad de afección indirecta de la misma» siendo «vertidos fuertemente contaminantes». A este respecto, el auto recalca que todos esos hechos se han cometido en un mercadillo que se encuentra ubicado en suelo clasificado como no urbanizable, no constando solicitud de licencia de actividad.
En paralelo a este auto judicial, el Ayuntamiento de Guardamar, gobernado por José Luís Sáez (PSOE) informó ayer que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto que suspende el cierre del mercadillo como medida cautelar, anulando por el momento la resolución municipal de fecha 15 de abril de 2015 por la que se ordenaba la ejecución de la orden de cierre de Mercadillo debido a otra sentencia del TSJ que estimó que la actividad no podía continuar por falta de licencia.
A este respecto, el regidor de Guardamar dijo ayer que el consistorio «va a continuar con la labor, junto con la empresa, y los mercaderes, de tramitación del Plan Especial para la Actividad de Mercadillo con Uso público complementario» tendente a regularizar la actividad. El primer edil destacó la labor que su equipo de gobierno ha realizado durante estos primeros dos meses y medio de la legislatura manteniendo «multitud de reuniones con la empresa, con los mercaderes y técnicos municipales, y la Dirección General de Urbanismo y Territorio para buscar una solución».
«Somos conscientes de la problemática y la repercusión social que suponía el cierre», prosiguió el alcalde, aunque dijo que aún así «no se debe olvidar que es responsabilidad y obligación de los representantes públicos dar cumplimiento a la legislación, y que las actividades se ejerzan con su correspondiente licencia, y en ello seguimos trabajando».
