El Ministerio de Medio Ambiente autorizó ayer, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el último trasvase del año hidrológico 2014/2015 -que va de octubre a septiembre-, de sólo diez hectómetros cúbicos, el más corto que se recuerda desde la sequía que asoló el Levante en el periodo 2005-2008. De ellos, 7,5 hectómetros cúbicos son para garantizar el consumo humano; y el resto (2,5 hectómetros cúbicos), para riego. En total, los aportes del Tajo a través del trasvase durante los últimos doce meses han sido de 279 hectómetros cúbicos; casi 200 hectómetros menos que los 474 cedidos el año anterior (un 41%), coincidiendo además con el peor año de sequía desde 1995 y pese a que el año pasado ya fue extremadamente seco.
Por otro lado, hay que retroceder en los anuarios hidrológicos de la Confederación Hidrográfica del Segura hasta 2008/2009 para encontrar un dato tan reducido en cuanto a aportaciones al trasvase, entonces fueron 266 hectómetros. Aquel año hidrológico cerró un ciclo de sequía que se había abierto en 2005 y, que, como pasa en estos momentos, obligó a echar mano de los pozos para paliar el déficit hídrico.
Sesenta mil hectáreas y 20.000 agricultores dependen en la provincia del trasvase, sin olvidarnos del millón de personas que beben de él en un tercio de los municipios alicantinos; a pesar de ello, ayer el único que hablaba de la situación actual era el sindicato ASAJA, que recordaba que el memorándum que elevó por ley el límite mínimo de agua almacenada en el Tajo (ayer estaba en 350 hectómetros) no sólo sirvió para ponerle un «grifo» al trasvase, también con él se exigía un mayor control de los desembalses en la cuenca cedente. Como ya publicó INFORMACIÓN, los regantes se vienen quejando del aumento del caudal ecológico en el Tajo desde el verano, lo que ha reducido las reservas de agua en Entrepeñas y Buendía, los dos pantanos que sirven de termómetro para saber hasta cuándo vendrá agua a la provincia. «Hay que buscar soluciones porque pueden crear un caos terrible si condenan al sudeste peninsular a la falta de abastecimiento para riego y boca. Utilizar únicamente agua desalada es inviable para la agricultura por su elevadísimo coste y, también, por contener boro», explicaba el presidente de Jóvenes Agricultores, Eladio Aniorte.
Los diez hectómetros cúbicos que se autorizaron ayer dejan las reservas del Tajo en 340 hectómetros. A partir del 1 de enero de 2016, el límite para autorizar trasvases estará fijado en 336 (hasta que acabe este año es de 304). De aquí a entonces tienen que autorizarse, al menos tres desembalses más (octubre, noviembre y diciembre) y, si no llueve en la cabecera del Tajo, no habrá agua ni para el primero.
Acusaciones
El PP y el PSOE se enzarzaron ayer en un cruce de acusaciones, una vez más, sobre de quién es culpa la actual situación. Así, el diputado Herick Campos dijo que es del gobierno de Rajoy, «ya advertimos de que la media de agua embalsada en la cabecera en los últimos 20 años convertía en papel mojado la ampliación de caudal trasvasable con los embalses del Tajo llenos, pues el histórico constataba que la mayor parte de años se alcanzaba el nivel que podría suponer cierres temporales del Tajo-Segura y, cuando no se cierre, una reducción del agua a trasvasar mensualmente por el aumento de derechos en Castilla-La Mancha y Madrid en detrimento de la provincia». Y a ello le contestó el PP a través del vicesecretario Rafael Candela: «La única amenaza para el agua en la provincia es el boicot del partido socialista, Compromís y sus jefes de Podemos al Memorándum».
