Los ediles Rafael Almagro y Sabina Galindo criticaron ayer la decisión de la Conselleria de Trasparencia de denunciar el contrato de vigilancia y seguridad del edificio del POP, perteneciente a la Generalitat, y la «merma en el servicio» que supondrá. «La justificación que se ha dado es que se trata de un ahorro y no una supresión; eso es meter la tijera, es un recorte», apuntó Almagro.
Galindo coincidió con su compañero de gobierno y apuntó que su Concejalía, que actualmente trabaja en este edificio, está estudiando trasladarse a otro edificio porque «ahí se dan cursos y talleres pos las tardes, por lo que toda la documentación y expedientes quedaría expuesta a cualquier usuario sin ese servicio de vigilancia». Los populares criticaron que la medida además «repercute en que dos empleados pierdan su puesto de trabajo».
