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Callosa de Segura abona facturas en 135 días, el peor dato de toda la Vega

El equipo de gobierno cifra la deuda en 23 millones por nuevos impagos de la etapa del PP

El Ayuntamiento de Callosa de Segura ha obtenido la peor media de la comarca de la Vega Baja en relación al tiempo que tarda a pagar a sus proveedores, un total de 135 días según el informe de Intervención relativo al segundo trimestre del año. Aunque la normativa establece que se deben abonar las facturas en un periodo máximo de un mes, el consistorio callosino ha venido incumpliendo esta obligación durante el último año, lo que faculta al Ministerio de Hacienda a interponer sanciones aplicando retenciones a los tributos que se reciben del Estado o con multas económicas.

La complicada situación económica del municipio se refleja en el elevado nivel de deuda que mantiene el Ayuntamiento, que asciende a más de 23 millones de euros (aunque el exalcalde, Javier Pérez, aseguró el viernes que sólo es de 14 millones). Intervención ha certificado que el municipio mantiene más de 5 millones de euros en facturas sin pagar y que en su gran mayoría carecen de consignación presupuestaria, algunas de las cuales se remontan incluso al año 2003. La información detallada sobre las empresas y particulares a los que se deben esos importes ha sido publicada en la página web municipal y, para sorpresa del equipo de gobierno, decenas de proveedores están presentando ahora reclamaciones que alertan de que las facturas que se les deben no están incluidas en ese registro. Según el edil de Hacienda, Rubén Manresa, esos importes suman otros 100.000 euros en deudas de facturas fantasma, es decir, que se presentaban en el Ayuntamiento pero no se contabilizaban, por lo que no computaban como deuda.

Extraordinario

A este respecto, el anterior equipo de gobierno del PP ha pedido que se celebre un pleno extraordinario para abordar exclusivamente el tema de la deuda, al considerar que los nuevos dirigentes (PSOE, IU y Somos Callosa) han caído en errores contables que pueden ocasionar un perjuicio al Ayuntamiento en sus relaciones con proveedores y con bancos. Por ello piden que Intervención realice una auditoría económica, aunque el tripartito defiende que todos esos datos económicos ya han sido fiscalizados por el citado departamento.

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