La aprobación o no de servicios realizados sin contrato por valor de 1,2 millones de euros durante el anterior mandato municipal se está convirtiendo en un capítulo surrealista de la gestión municipal. El gobierno local rechazó el pago en el pleno ordinario de agosto y ahora ha vuelto a poner sobre la mesa su abono. En la comisión de Hacienda de ayer votó a favor. Por su parte, el PP, que se abstuvo en la comisión previa al pleno de agosto y luego votó a favor en el pleno, ayer volvió a abstenerse. El meollo de la cuestión está en que los informes para avalar el abono señalan la responsabilidad individual de cada uno de los concejales del PP por los servicios autorizados sin contrato. El pentapartito espera que el PP vote a favor esa propuesta, mientras que los populares no definieron su postura hasta el último momento en la sesión plenaria de agosto.
Ningún miembro del equipo de gobierno consultado quiso aclarar ayer por qué se presentaba de nuevo este asunto, con los mismos expedientes, si su decisión fue la de no abonar las facturas.El montante principal son 600.000 euros que se adeudan a la empresa Costa Azul por el transporte urbano. El pentapartito aclaró que el actual servicio también se hace sin contrato pero avalado jurídicamente porque se ha iniciado un proceso de licitación.
El PP, por su parte, indicó esta situación aumenta el plazo legal de demora en el pago a proveedores y aumenta los posibles intereses que puedan reclamar las empresas.
