La Dirección General de Diversidad Funcional confirmó ayer a los miembros de la junta directiva de Dinoco, la asociación de padres que gestiona el servicio de atención temprana en Orihuela, que no tiene deudas pendientes de abonar con el Ayuntamiento; es decir, que se encuentra al día en los pagos con la Administración local. La noticia causó asombro en parte de los padres que supieron de la liquidación de la deuda a través de Antonio Raya, el director general, gracias a una gestión de Cayetano Portugués, el responsable de Compromiso en Orihuela, para que les atendiera. El propio alcalde, Emilio Bascuñana (PP), aseguró en su última comparecencia, la semana pasada, que esta deuda estaba viva con la Conselleria y que iban a reclamarla. Según les dijo Raya a los padres de Dinoco, está liquidada al tiempo que otras dos por los servicios que presta el Cris y el Oriol y que no se crearán nuevas obligaciones hasta el último trimestre de 2015.

Los padres no entienden cómo es posible que el Ayuntamiento continúe adeudándoles cuatro facturas, correspondientes a las últimas cuatro quincenas (las dos de julio y las dos de agosto), lo que suma 76.000 euros, cuando la Generalitat Valenciana está al día con ellos. De hecho, el apuro de Dinoco para cobrar de forma puntual tiene una razón de ser: el retraso de pagos no sólo causa un perjuicio a las trabajadoras sino que les acarrea a ellos unos recargos e, incluso, sanciones ante la Seguridad Social por no ingresar las cantidades correspondiente a las liquidaciones de estos contratos.

En otro orden de cosas, el lunes por la noche los padres mantuvieron un encuentro para analizar la situación, acudiendo cerca de un centenar y acordando por unanimidad luchar hasta el final para conseguir que el Ayuntamiento asuma la gestión del servicio y no se privatice, tal y como pretende el ejecutivo que preside Emilio Bascuñana, quien de hecho ha retomado un expediente abierto en septiembre de 2014 por el anterior equipo de gobierno del PSOE y Los Verdes con este fin.

Ayer también se confirmó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana a través de decreto que la competencia de este servicio se mantendrá por ahora en manos de los municipios; es decir, no pasará el 1 de enero a ser competencia de la Administración valenciana tal y como a priori estaba previsto.