El concejal de Patrimonio y Archivo, Victor Ferrández, desveló ayer que el Ayuntamiento está pagando 9.550 euros al mes por el alquiler del edificio que alberga el archivo municipal a pesar de que desde noviembre de 2013 no existe contrato de arrendamiento, por lo que las facturas por este concepto se han estado abonando con reparos. Además, el inmueble carece de licencia de apertura y los trabajadores han venido soportando temperaturas de hasta 30 grados en el interior debido a que no existe aire acondicionado en todas las dependencias.

El edil explicó que el contrato de alquiler del edificio se suscribió en noviembre de 2007 y expiró en noviembre de 2013. No obstante, siete meses antes el anterior gobierno del PP inició el trámite para poder suscribir un nuevo contrato, pero la oficiala mayor del Ayuntamiento ordenó que se paralizara hasta que el inmueble contara con licencia de apertura. Aún así parece que la administración local nunca tramitó ese permiso dado que no hay documentación que lo refleje, por lo que a pesar de esta irregularidad el alquiler siguió en vigor y se continuaron abonando sin contrato los citados 9.950 euros mensuales, siempre con reparos de los técnicos municipales.

Además de esa situación, los trabajadores de este servicio han estado sufriendo una situación que no se ajusta a la normativa en riesgos laborales debido a que en determinadas partes del interior del inmueble no existe aire acondicionado y en varias inspecciones se ha detectado una humedad por encima del 50% y una temperatura superior a los 30 grados, tres más de lo permitido. Según el citado concejal, el anterior gobierno del PP tenía informes desde 2009 que señalaban que los trabajadores estaban expuestos a esas condiciones pero, según él, no se hizo nada para solventarlo.

Victor Ferrández apuntó que durante este verano se han llevado a cabo algunas medidas como la colocación de ventiladores en algunas salas o la instalación de una máquina de agua fresca para los empleados, aunque de cara a la renovación del contrato se le exigirá al propietario que subsane esas deficiencias y se negociará también una rebaja del coste del alquiler. Por el momento, el Ayuntamiento seguirá pagando las facturas aunque no haya contrato y se pongan reparos por tratarse de un «servicio esencial» que no se puede suprimir. No obstante, la intención última del pentapartito es trasladar el archivo municipal a otras dependencias municipales para poder ahorrar el coste del alquiler.