El gobierno pentapartito de Torrevieja bloqueó ayer la aprobación de un expediente extrajudicial de crédito para autorizar el pago de una relación de facturas que suman 1.237.898,16 euros generadas durante el año 2014, cuando gobernaba el PP, al considerar que buena parte son irregulares porque corresponden a servicios que se prestaron sin contrato, sin consignación presupuestaria o ambos supuestos a la vez. La propuesta fue debatida durante la sesión plenaria de ayer y sólo obtuvo el respaldo de los 11 concejales del PP, mientras que los 12 ediles que conforman el equipo de gobierno votaron en contra y las dos de Ciudadanos se abstuvieron.

¿Qué pasará ahora con esas facturas? Eso es algo que se desconoce, aunque todo apunta a que el gobierno local pondrá en manos de la Fiscalía aquellos gastos que consideran que se realizaron de forma irregular para que se busquen responsabilidades. De hecho, en la propuesta llevada a pleno ayer por el pentapartito, se especificaba la relación de concejales que acordaron cada uno de los gastos, algunos de los cuales ya no forman parte de la corporación. El edil de Hacienda, José Hurtado, explicó que algunos de esos servicios corresponden al servicio de transporte urbano -adeudándose a la empresa que lo presta casi medio millón de euros-, al mantenimiento del alumbrado público o a la recogida de basuras. «Es un expediente plagado de irregularidades desde el principio hasta el final», enfatizó el edil de Hacienda.

Expedientes iniciados

Por su parte, Joaquín Albaladejo, que durante la anterior legislatura dirigió el área de Hacienda, defendió que muchas de esas facturas corresponden a servicios sobre los que se iniciaron expedientes para sacarlos a licitación. En ese sentido, eludió la responsabilidad del anterior equipo gobierno aduciendo que si el trámite para adjudicar esa serie de contratos se alargó en el tiempo había que seguir prestando igualmente el servicio.

Albaladejo se dirigió al alcalde, José Manuel Dolón, para recordarle que durante los dos meses y medio que está gobernando se han seguido prestando determinados servicios sin contrato y, por lo tanto, tarde o temprano tendrá que aprobar el pago de esas facturas. «Asumimos nuestra responsabilidad igual que la asumirán cuando les ocurra a ustedes», zanjó.

Acabado el pleno, Albaladejo acusó al gobierno de «deslealtad institucional» y se preguntó qué pasará a partir de mañana si empresas como la que realiza el transporte urbano deja de prestar el servicio al constatar que el pentapartito no está por la labor de pagarle las facturas.