El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos del Levante (COIAL) recordó ayer la importancia que el Trasvase Tajo-Segura tiene para el Levante español y advirtió que su desaparición tendría «consecuencias desastrosas e irreversibles» para el sector agroalimentario de la provincia y de la Región de Murcia. «Existe un claro déficit hídrico -dice-, los cambios producidos estos últimos años amenazan gravemente la supervivencia de una importante zona agrícola creada y amparada por leyes aprobadas por el Estado Español».

El informe del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos llega cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere paralizar los desembalses del Tajo al Segura por la delicada situación de los pantanos de Entrepeñas y Buendía después de que sus reservas hayan descendido por debajo de los 400 hectómetros cúbicos (algo que en 2018 sería automático, merced al Memorándum, pero no ahora, que se sitúa en 302 hectómetros cúbicos). Y en su informe llega a analizar si existe una causa que justifique este aumento del límite de 400 hectómetros cuando hasta en 2013 era suficiente con 240 hectómetros cúbicos, algo que se modificó por la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental pese a que «evidentemente eran atendidas todas las necesidades del Tajo». También añaden que la Ley permite un aprovechamiento gracias al trasvase de 600 hectómetros cúbicos, aunque el aporte medio haya sido de 350 hectómetros cúbicos anuales. Y que «este incremento de 160 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera del Tajo y el déficit hídrico real que tiene la demarcación del Segura, supondría el no poder trasvasar agua en varios años y las consecuencias sobre el sector agrario serían desastrosas e irreversibles».

Comportamiento hidrológico

Los ingenieros agrónomos recuerdan que el comportamiento hidrológico «no se puede estudiar ni evaluar de forma aislada en un momento del tiempo determinado, sino que se tiene que contemplar su comportamiento hiperanual, ya que los ciclos hidrológicos son los que son y, aunque si bien es cierto que las imágenes que se nos están mostrando parecen alarmantes, la situación puede ser totalmente asumible dentro de este comportamiento hiperanual. Otra cosa bien distinta es que por falta de infraestructuras en el Alto Tajo no se pueda realizar una planificación hídrica que garantice la seguridad del suministro o que se puedan plantear medidas compensatorias para los términos municipales de cabecera, cuyas actividades turísticas pueden verse afectadas».

El COIAL criticó con dureza no sólo la posibilidad de su desaparición y lo que supondría sino el Plan Hidrológico del Segura, que es su soporte legal, que fue aprobado en 2014 por el Gobierno y que tiene que regir los destinos del río hasta 2033. Y lo hizo porque considera que éste parte de una premisa falsa porque en ninguno de los escenarios futuros que se pudieran plantear la demanda de agua se ajusta a los recursos propios y externos de la cuenca. «El déficit es mayor del que se expone en la propuesta de Plan Hidrológico analizado», dicen, por lo que cualquier desarrollo normativo del Plan de Cuenca que se quiera hacer o ya se está haciendo será viable. Por ello han presentado alegaciones a las Propuesta de Plan Hidrológico, al Proyecto del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación y al Estudio Ambiental Estratégico.

El COIAL destaca que el Plan Hidrológico realizó una planificación de riegos, «a partir de estimaciones incompletas. No se aprecia en los cálculos de necesidades de agua, en las distintas unidades de demanda agraria, la conveniencia de introducir la fracción de lavado que se requiere para atenuar los efectos de la salinidad; especialmente, en la Vega Baja del Segura, donde es alta debido a la utilización de retornos de aguas de las cuencas alta y media y a la utilización de las regeneradas procedentes de distintas EDAR». Y estas conclusiones están basadas en cálculos empleados en la ingeniería del regadío y avalados por publicaciones científicas y técnicas referentes a nivel internacional, según COIAL.