Una de las patatas calientes que heredó el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela, en este caso del Partido Popular (PP) que encabeza Emilio Bascuñana, fue qué pasaba con la adjudicataria del servicio de la ORA (Ordenación y Regulación del Aparcamiento), que no ingresaba un euro en las arcas públicas ni por liquidaciones ni por las sanciones derivadas de sobrepasar el estacionamiento permitido contratado en el tique. Lo curioso del caso es que la situación no ha variado ni un ápice y que el contrato con la mercantil que se firmó en noviembre de 2009 por un plazo de 6 años vence antes de concluir este año; es decir, que se puede dar la circunstancia de que concluya sin pagarse.
El concejal de Hacienda, Rafael Almagro, a preguntas de INFORMACIÓN, aseguró que ha mantenido una entrevista con Esmapark, la adjudicataria del servicio, para intentar darle una solución a un problema que no es fácil porque su antecesor en esta negociación, Víctor Ruiz (PSOE), dijo poco más o menos lo mismo el pasado mandato y este concluyó sin solución ni rescate del servicio. El edil aseguró que la empresa continúa presentado las liquidaciones y que la deuda con las arcas públicas asciende a 400.000 euros pero precisó, en contra de lo dicho por Ruiz la pasada legislatura, que la mercantil sí pagó hasta finales de 2011; es decir, que la deuda se ha generado durante los tres últimos años y, sin citarlo, evidentemente responsabilizó de algún modo al equipo de gobierno anterior (PSOE y Los Verdes) de no haber conseguido que se cobrara por uno de los servicios públicos más polémicos desde que los ciudadanos saben que las monedas que pagan nunca han acabado en las arcas públicas nunca han acabado en las arcas públicas sino en la cuenta de la adjudicataria.
Esmapark no se negaba a pagar pero discrepaba de cuál era la cuantía que debía abonar. De hecho, Almagro aseguró que en caso de que no atiendan a los requerimientos se irá a la vía ejecutiva. En cualquier caso, lo que dice el contrato, que podría tildarse de «leonino», es que la mercantil abonaría anualmente al Ayuntamiento el «excedente resultante de deducir del total de los ingresos procedentes de la explotación del servicio el importe de los costes de explotación y amortización de las inversiones», y, claro, cada cual lo interpreta según sus intereses.
