"La aplicación de los nuevos planes hidrológicos supondría la pérdida de 1,5 millones de toneladas de alimentos, 650 millones de euros y 43.000 empleos". Con esta tajante afirmación el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL) se ha pronunciado sobre los últimos episodios de la guerra del agua.

Los ingenieros agrónomos han presentado alegaciones a la Propuesta de Plan Hidrológico, al Proyecto del Plan de Gestión de riesgo de Inundación y al Estudio Ambiental Estratégico del proceso de planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Segura. En el escrito que ha presentado el colectivo afirman que "la planificación de los riegos se ha hecho a partir de estimaciones incompletas", por ello afirman que el déficit de la cuenca del Segura "es mayor del que se expone en la propuesta de Plan Hidrológico".

Las conclusiones contenidas en las alegaciones del COIAL apuntan que a pesar de los aportes externos que ha venido teniendo la demarcación hasta el momento (el más importante el del Trasvase Tajo-Segura), "existe un claro déficit hídrico, por lo que los cambios producidos estos últimos años amenazan gravemente la supervivencia de una importante zona agrícola creada y amparada por leyes aprobadas por el Estado Español".

Un déficit creciente

Al respecto de los aportes externos, los ingenieros agrónomos recuerdan que antes de la aprobación de la Ley 21/2013 (en su disposición adicional 15ª) la reserva entre los pantanos de Entrepeñas y Buendía era de 240 hm3 (evidentemente atendidas todas las necesidades del Tajo). En esta ley, sobre la que el COIAL mostró su desacuerdo por la disposición adicional mencionada, se elevaba la reserva entre Entrepeñas y Buendía en 160 hm3, hasta llegar a los 400 hm3. Por último recuerdan que, aunque la ley permite un aprovechamiento de hasta 600 hm3, el aprovechamiento medio de la vida del trasvase ha sido de 350 Hm3.

Este incremento de 160 hm3 en los embalses de cabecera y el déficit hídrico ´real´ que tiene la demarcación "supondría el no poder trasvasar agua en varios años, y las consecuencias sobre el sector agrario serían desastrosas e irreversibles".

A la vista de estos datos, el COIAL afirma que existe "un déficit en la demarcación del Segura, y por tanto un grave peligro de que esto se pueda mantener en base a cambios legislativos producidos en los últimos años, que amenazan gravemente la supervivencia de una importante zona agrícola".

100.000 empleos en juego y desertización

En el informe Impacto económico del Travase Tajo-Segura preparado por Pricewaterhouse Coopers para el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, de junio de 2013, se pone de manifiesto que el sector agrícola de la zona regable con aguas del Trasvase Tajo-Segura, junto con la industria agroalimentaria asociada, aporta 2.364 millones de euros al PIB y genera más de 100.000 empleos, además de garantizar el suministro de agua en zonas turísticas, contribuyendo a un sector que emplea 320.000 personas en las comunidades autónomas del Trasvase Tajo-Segura. En cifras, la aplicación de estos planes supondría la pérdida de 1,5 millones de toneladas de alimentos, 650 millones de euros y 43.000 empleos. Además, aumentaría el riesgo de desertización de la zona.

Finalmente, los ingenieros agrónomos recuerdan que el comportamiento hidrológico "no se puede estudiar ni evaluar de forma aislada en un momento del tiempo determinado, sino que se tiene que contemplar su comportamiento hiperanual, ya que los ciclos hidrológicos son los que son, y aunque si bien es cierto que las imágenes que se nos están mostrando parecen alarmantes, la situación puede ser totalmente asumible dentro de este comportamiento hiperanual. Otra cosa bien distinta es que por falta de infraestructuras en el Alto Tajo no se pueda realizar una planificación hídrica que garantice la seguridad del suministro o que se puedan plantear medidas compensatorias para los términos municipales de cabecera, cuyas actividades turísticas pueden verse afectadas".