«Se ha acabado la tolerancia con los locales que no se ajustan a la legalidad. Las normativas hay que cumplirlas a rajatabla». Así de contundente se expresó ayer la concejala de Actividades de Torrevieja, Fanny Serrano, para justificar el reciente cierre de tres chiringuitos de playa que no contaban con autorización, una chatarrería que carecía de licencia ambiental y otro establecimiento que no cumplía con los itinerarios de evacuación de personas con discapacidad. Y al parecer no serán los únicos negocios irregulares que bajan la persiana dado que, según Serrano, las inspecciones continúan y en estos momentos se están tramitando otros seis expedientes de cierre de locales hosteleros por no cumplir con los horarios, por exceso de ruido o por no respetar el aforo que tienen permitido, lo que les podría obligar a cerrar en pocos días.
La edil valoró ayer que con el anterior equipo de gobierno hubo una «dejación de funciones» que permitió que se mantuvieran algunos negocios irregulares que han supuesto una competencia desleal para con los establecimientos que sí cumplen con todas las normativas. A este respecto señaló que los locales con irregularidades suponen cerca de un 10% del total. Explicó que en aquellos en los que se decreta el cierre es «por ilegalidad manifiesta» y «si no actuamos estaríamos cometiendo una prevaricación administrativa en modalidad de comisión por omisión».
Conciliar
Serrano quiso explicar que el Ayuntamiento no ha emprendido una caza de brujas para perjudicar al sector hostelero y comercial pero destacó la necesidad de poner orden. «Solo así será posible conciliar las actividades de los establecimientos con el descanso de los vecinos y los veraneantes que nos visitan», destacó.
Sobre todo este asunto, la concejala anunció que va a emprender acciones legales contra el concejal del Partido Popular Luis María Pizana por las declaraciones en las que, según dijo, le acusó «de haber cerrado chiringuitos y mandar familias al paro en plena temporada alta» una «calumnia» de la que «tendrá que responder en los tribunales».
La concejala explicó que cuando se una orden de cierre es «porque cuenta con un informe jurídico en el que dice que la única resolución posible es el cierre y con uno técnico que se refiere a la peligrosidad para las personas. Aquí no se ha cerrado nada que no fuera absolutamente ilegal e ilegalizable o que no tuviera un grave problema de seguridad para las personas», enfatizó.
