Ángel Urbina, portavoz de la Comunidad de Riegos de Levante-Margen Izquierda (20.000 comuneros), recordaba ayer que uno de los grandes logros que obtuvieron con el actual acuerdo sobre el trasvase, plasmando en el memorándum, fue la eliminación de la llamada «cláusula Narbona» -en «honor» a la que fuera ministra socialista de Medio Ambiente- por la cual se pretendía que los aportes del Tajo-Segura se redujeran a medida que aumentara el número de desalinizadoras puestas en marcha en el Levante; es decir, tras entrar en funcionamiento Torrevieja, el trasvase se reduciría.
«Nosotros no estamos por comprar agua desalada -recalcó Urbina-, pero entendemos que hay gente desesperada ante la situación que se avecina en otoño que sí lo hará, pero nadie está obligado a comprarla». El portavoz de los agricultores añadió que no es de recibo que desalinizadoras que han costado 300 millones de euros -caso de la de Torrevieja-, «se quieran ahora pagar, tanto el principal como los intereses, con el dinero de los agricultores que, en último término, seríamos los que tendríamos que pagar esta descomunal inversión y a eso, no estamos ni mucho menos dispuestos». M. A.
