El Consell parece haber encontrado una vía para garantizar el agua a los agricultores del sur de Alicante. El director general del Agua de la Generalitat, Manuel Aldeguer, adelantó ayer a este diario que el Ejecutivo de Ximo Puig intentará captar fondos de la Unión Europea (UE) y del Gobierno de España para que los regantes puedan utilizar caudal de la desalinizadora de Torrevieja a un precio competitivo. A día de hoy, la huerta de media provincia se nutre principalmente del trasvase Tajo-Segura. Pero ahora, con el veto que quiere imponer el gobierno autonómico de Castilla-La Mancha, Alicante puede ver peligrar la llegada de agua. El presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, ha abogado por dejar de trasvasar caudal de los embalses de Entrepeñas y Buendía debido a que el Tajo «se está muriendo» y su comunidad «necesita agua».
El problema no tiene fácil solución, según admite Aldeguer. La Generalitat, sin embargo, explorará la posibilidad de recibir fondos europeos y estatales con el objetivo de abaratar el metro cúbico del agua que produce la desalinizadora. Las diferencias de precio son notables. Según detalla el propio director general, los agricultores abonan una media de 12 céntimos por cada metro cúbico del trasvase. Esa cifra, por el contrario, se colocaría sobre 40 céntimos para el agua desalinizada. «Los regantes tienen un grave problema en estos momentos», sostiene el también exalcalde de Guardamar. Y añade: «No queda otra que buscar subvenciones para paliar esa diferencia que existe entre un precio y otro con el fin de que se pueda utilizar el agua de la desalinizadora».
Precisamente, fue el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero el que impulsó la construcción de la planta de Torrevieja después de que la exministra Cristina Narbona derogara el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y abortara la posibilidad de que llegara caudal del Ebro, tal y como pretendía el PP. El coste de la infraestructura no fue precisamente pequeño. Terminó elevándose hasta cerca de 300 millones de euros.
El problema para los regantes vino después, cuando tuvieron constancia de que el precio del metro cúbico sería sensiblemente superior al que abonan por el Tajo-Segura. Ahora, una de las posibilidades es que se subvencionen parte de esos costes. «No descartamos nada. Ni recibir ayudas de la UE y el Gobierno, ni que la Generalitat conceda también fondos», apostilló Aldeguer.
Cabecera
Al margen de esa vía, el director general recordó, tal y como hizo el martes Ximo Puig, que Castilla-La Mancha no tiene potestad para frenar la llegada de agua a Alicante. «Si en el memorándum se recoge que se tiene que trasvasar por encima de unas cantidades determinadas en Entrepeñas y Buendía, pues se tendrá que trasvasar», agregó. Ayer, los dos embalses de cabecera del Tajo seguían superando los 304 hectómetros cúbicos que se acordaron para este año.
Aldeguer, al igual que el jefe del Consell, tampoco tenía conocimiento de la reunión que quiere convocar el gobierno de Castilla-La Mancha para explicar a los dirigentes de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia la «delicada situación» por la que atraviesa el Tajo.
