Mientras los dos embalses de cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, acumulaban ayer 393 hectómetros cúbicos (por debajo de los 400 hectómetros mínimos para poder trasvasar en 2018 pero todavía lejos de los 304 hectómetros que bloquearían el trasvase este año) y los agricultores de la provincia miraban al cielo buscando nubes y esperando a septiembre para saber si volverán a tener agua, el PSOE se metía de lleno en una guerra entre hermanos a cuenta del trasvase, a cuatro meses vista de las elecciones generales y con mensajes a medida de sus electores en cada una de las tres comunidades afectadas. Así, mientras en Castilla-La Mancha insistía en que no habrá más agua para el Levante porque la situación es «insostenible»; en la Comunidad Valenciana o en Murcia, precisamente, se seguía reclamando todo lo contrario. Y ante esta situación de declaraciones cruzadas ayer no quedó otra que anunciar una cumbre socialista, a tres bandas en comunidades siempre enfrentadas cuando de lo que se habla es de agua.

La reunión la anunció la portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, quien recordó que «nos hemos reunido en múltiples ocasiones con los socialistas de la zona de Levante, principalmente de Valencia y de Murcia, hemos hablado y cada uno hemos expuesto nuestros planteamientos e intentado buscar juntos un entendimiento» y dejó abierta una puerta a que en ella participen, incluso, los presidentes autonómicos, Emiliano García-Page, en el caso de Castilla-La Mancha y Ximo Puig, en el caso de la Comunidad Valenciana. De hecho, la portavoz se refirió a este problema como «zona del conflicto» y dijo que se va a invitar al mismo tiempo a comprobar el estado de la cabecera del Tajo al grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, así como a representantes institucionales de las Cortes Generales, del Gobierno central y de los ejecutivos autonómicos de Valencia y Murcia porque «más allá de las cifras, la realidad es tozuda y es que los embalses están en una situación insostenible». Por su parte y horas más tarde, la consellera de Vertebración del Territorio, María José Salvador, confirmó que acudirán porque «estamos abiertos a mantener los contactos que haga falta» para resolver la «problemática» del trasvase.

Conectar

Tanto las declaraciones de la portavoz socialista manchega, como las realizadas la semana pasada por García-Paje, en contra de trasvasar más agua en estas condiciones, son difíciles de conectar con las que hizo el pasado día 13 en Elche el presidente Ximo Puig cuando, en tono conciliador, pidió confianza en el trabajo del Gobierno valenciano para asegurar «agua para siempre» en la provincia alicantina. De hecho, fue más allá cuando en esa comparecencia rehuyó por completo la posibilidad de que su partido se pudiera ver envuelto en una «guerra» como dijo que, con cierta frecuencia, le había ocurrido al PP sobre este conflicto hídrico. «Se envuelve en la bandera del agua -dijo en relación al PP- cuando en veinte años de gobierno no han resuelto el problema pese a haber estado en el poder de todas las administraciones». Y mientras el PSPV trata de echar balones fuera a un problema que aparece detrás de cada declaración de sus representantes, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, libre ataduras partidistas más allá de las fronteras valencianas, salía ayer en unas declaraciones a exigir que se cumplan los compromisos adquiridos sobre el trasvase.