Vertidos de agua tóxica en la depuradora, sanciones y conflictos con las empresas implicadas son los problemas a los que lleva enfrentándose el Ayuntamiento de Almoradí desde hace años. Con el cambio de gobierno, el 13 de junio tras las municipales, ahora son PSOE e IU los que deben resolverlos. El consistorio está a la espera de los resultados del último análisis realizado por la Confederación Hidráulica del Segura (CHS), el pasado julio.
Alejandro Lorenzo (IU), concejal de Medio Ambiente, explica que las anteriores analíticas indicaron que el vertido de la depuradora es el adecuado y respeta los niveles de amonio y salinidad permitidos por la normativa y recuerda que una de las últimas multas recibidas por el Ayuntamiento ascendía a 17.862 euros, aunque la suma por las sanciones en los últimos cinco años se sitúa cerca de 100.000 euros. Lorenzo defiende que los pagos por infracciones pertenecen al gobierno anterior.
El consistorio, actualmente, está tramitando un escrito de reclamación a una de las sanciones «para intentarla suprimir, argumentando que se están poniendo medidas desde el Ayuntamiento para que el agua de la depuradora tenga el tratamiento adecuado», asegura. Los vertidos tóxicos suponen un peligro para las cosechas ya que el agua es reutilizada para el riego. El concejal manifiesta que al final de la pasada legislatura se abrió expediente a cuatro empresas para tramitar una sanción de 750 euros a cada una. «Actualmente se está actuando sobre las empresas que producen vertidos. Les estamos facilitando ayuda técnica y asesoramiento para que no envíen agua que la depuradora no puede tratar», declara.
