La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Orihuela ha mantenido en las últimas semanas al menos dos reuniones con la junta directiva de Dinoco, la asociación de padres de niños con discapacidad, para que sepan que a partir de septiembre se pretende dar una solución definitiva a la gestión del servicio y que ésta pasaría por un concurso público después de que se haya descartado el rescate del mismo a través de una empresa de capital público -caso, por ejemplo, de Ildo-, lo que hubiera llevado a asumir a las doce trabajadoras de atención temprana.
Las 140 plazas de este proyecto (70 con cargo al Ayuntamiento y las 70 restantes a la Conselleria de Bienestar Social, aunque ésta no paga su parte desde hace más de dos años) están por tanto en el aire, una vez más, y los padres miran con recelo a la solución que se plantea y, lo que es más importante, se preguntan qué tipo de concurso público se prevé por parte del departamento que gestiona la concejala Sabina Galindo. Los padres se muestran cautos porque han visto lo que ha ocurrido en otros municipios con servicios similares para niños con problemas y que han terminado por desaparecer cuando los aspirantes han sido empresas privadas que prevén obtener un beneficio; de hecho y a la espera de ver si es o no es así, incluso se están planteando presentarse al mismo, algo que no será fácil por las exigencias legales y económicas que les acarrearían y porque, en definitiva, lo que ellos reclaman es un servicio para sus hijos y no convertirse en una empresa, como han terminado teniendo que hacer desde hace algo más de dos años y sufriendo los rigores, por ejemplo, de una administración que no les pagaba con puntualidad.
La junta directiva mantuvo el pasado mes de mayo una reunión previa con el entonces candidato a la Alcaldía, Emilio Bascuñana (Partido Popular), para hacerles partícipe de su preocupación desde que el interventor paralizó a finales de 2014 los pagos y les estuvo a punto de abocar al cierre. Desde entonces, Dinoco ha solicitado -no sólo al PP, también al resto de fuerzas- una solución definitiva que pasaría por asumir el Ayuntamiento el servicio porque, al fin y al cabo, estas familias, que sólo buscan recibir un servicio asistencial para sus hijos, han terminado por convertirse en la solución del problema que tiene para la administración.
Calidad
En estos momentos, Dinoco cuesta a las arcas públicas 454.000 euros para este 2015 y se paga previa factura la parte proporcional de la anualidad cada quince días. La fórmula no deja de ser engorrosa porque siempre están pendientes del retraso de pagos, pero más temen a que entre un tercero con intereses económicos y que esto redunde en la calidad del actual servicio. Una fórmula intermedia podría pasar por una licitación entre asociaciones interesadas sin ánimo de lucro, lo que sería una solución intermedia. Para este caso, muchos verían una posible entrada de Cruz Roja en la gestión habida cuenta de que el actual alcalde ya fue responsable máximo de la institución benéfica a nivel local y provincial. Al tiempo.
