La asociación de vecinos San Miguel Arcángel de San Miguel de Salinas y el colectivo ecologista Amigos de Sierra de Escalona (ASE) se han dirigido a la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para solicitar la retirada del recurso de casación interpuesto por el anterior gobierno regional del PP contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que declaraba nulo el Plan General de Ordenación Urbana. Dicho documento urbanístico preveía la construcción de 40.000 viviendas en un municipio de 7.000 habitantes y ambas asociaciones lo recurrieron al considerar que promovía un urbanismo «salvaje, especulativo e insostenible».
El Plan General de Urbanismo del municipio, aprobado el 24 de octubre de 2008 por la Directora General de Urbanismo y Medio Ambiente, proyecta un municipio con capacidad para 100.000 nuevos habitantes. Aunque fue declarado nulo por el TSJ en noviembre de 2013, cinco meses después la Conselleria y el Ayuntamiento interpusieron recurso de casación ante el Tribunal Supremo para tratar de sacar adelante el macroproyecto urbanístico.
Ahora ambas asociaciones, con la solicitud de retirada del recurso de casación, demandan al nuevo ejecutivo regional presidido por el socialista Ximo Puig «un gesto de rechazo al urbanismo salvaje que como amenaza latente anida, todavía, en proyectos como el Plan General de San Miguel de Salinas». Asimismo, los dos colectivos solicitan al gobierno valenciano «que sin más demora Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor sean declaradas Parque Natural para preservar su inmediata conservación».
