Tras varios años de aparente tregua entre las autonomías y el Gobierno central, el cambio en los gobiernos regionales y la escasez de agua en el Tajo han causado la reapertura de la batalla política por el agua, liderada por Castilla-La Mancha, que exige la paralización inmediata de los trasvases al Segura. Los pantanos de la cabecera del Tajo -Entrepeñas y Buendía- desde los que se desembalsa el agua que va a parar al Segura acumulan 398 hectómetros cúbicos. Esa reserva estaba hasta 2013 en 240 hectómetros cúbicos, pero se amplió en virtud del memorándum firmado por todos los gobiernos autonómicos a los que afecta la cuenca del Tajo (Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Madrid y La Mancha) y el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, la legislación en la que se recogió el memorándum del Tajo estableció un período transitorio de cinco años para alcanzar la reserva de 400 hectómetros cúbicos, de modo que en 2015 el límite a partir del cual no se puede trasvasar está en 304 hectómetros, en 2016 estará en 336 y se irá ampliando en 32 hectómetros por año hasta alcanzar los 400.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, beligerante en este asunto desde que tomara posesión el socialista Emiliano García-Page, exigió ayer al Ministerio que cesen de manera inmediata los trasvases desde la cabecera del Tajo al Levante. La consejera de Fomento castellanomanchega, Elena de la Cruz, advirtió de que, de lo contrario, Castilla-La Mancha adoptará «las medidas legales que fueran pertinentes». También la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía reclamaron ayer el freno de los envíos de agua, el último de ellos, de 20 hectómetros cúbicos, autorizado el día 31 de julio.
Frente a esas reivindicaciones, el Ministerio de Agricultura puso freno ayer de manera inmediata a las expectativas del gobierno socialista de Castilla-La Mancha, al asegurar que se está aplicando «escrupulosamente» la normativa vigente en la gestión del trasvase Tajo-Segura, que, en las condiciones actuales, permite seguir transfiriendo agua de una cuenca a otra. Por su parte, la consellera Elena Cebrián reclamó ayer «serenidad» en el tratamiento del «problema del agua», para el que aboga por «una visión de conjunto y de futuro» que sea «capaz de reconducir estas polémicas».
Reacciones autonómicas del PP
Ante la petición del Ejecutivo de García-Page, el presidente provincial del Popular Popular, José Císcar, exigió ayer al jefe del Consell, el socialista Ximo Puig, que «salga a defender de una vez por todas de manera contundente el trasvase Tajo-Segura». «Tenemos un presidente que no defiende los intereses de la Provincia de Alicante. Eso, ya lo hemos vivido con Lerma», subrayó Císcar, quien también cargó contra los dirigentes castellanomanchegos: «Los socialistas de Castilla-La Mancha están alimentando el debate del agua. Page debe ser valiente y decir la verdad a sus alcaldes».
Por su parte, la consejera de Agricultura de Murcia, Adela Martínez-Cachá, pidió ayer «tranquilidad», argumentando que no se ha llegado al mínimo para trasvasar agua. «El memorándum establece todas las normas muy bien, por lo que no hay que sacar las cosas de quicio», sentenció.
