Largo y tendido se ha hablado durante los últimos seis años, desde que comenzaran las obras de la Alta Velocidad a su paso por Orihuela en 2009, del perjuicio económico que éstas supondrían para el Ayuntamiento de Orihuela, pese a que la empresa constructora y la propietaria del trazado es Adif, mercantil pública que depende del Ministerio de Fomento y quien explotará los trenes una vez la línea Murcia-Alicante-Madrid sea una realidad, aún sin fecha prevista.
Por tanto, al tratarse de una obra que poco a nada tiene que ver con el Ayuntamiento de Orihuela, ¿por qué deben firmar el Ayuntamiento y Adif un convenio en el que esta última le pide 6 millones de euros por estas obras?
El soterramiento (que en realidad es un falso túnel) y cubrición de las vías del tren a su paso por la ciudad albergan la explicación a esta pregunta. En la fase previa a la redacción del proyecto se originó un intenso debate político y social sobre el impacto de una obra de estas características atravesando el casco urbano de Orihuela, por lo que se propuso soterrarlo, con el fin de no acentuar la división en dos del núcleo urbano que supuso el paso del Cercanías, ya que el AVE irá paralelo a estos trenes.
Así lo recoge Adif en el borrador del convenio remitido al Ayuntamiento el pasado 25 de noviembre de 2014, y al que ha tenido acceso este diario, en el apartado de exposición de motivos que justifiquen la firma de este acuerdo. «Dicho documento recoge que la futura línea ferroviaria discurrirá por el mismo corredor que la línea actual. No obstante, mientras que esta lo hace en superficie, la futura línea lo hace deprimiendo su cota, al objeto de generar los espacios suficientes para implantar la estación de Orihuela y a su vez eliminar los pasos a nivel existentes en la travesía ferroviaria». El texto añade «que el Ayuntamiento de Orihuela estima que las obras que se encuentran en marcha resultan una oportunidad para la integración de la travesía urbana del ferrocarril. Para ello, propone aprovechar el descenso de cota del futuro ferrocarril, para realizar el cubrimiento del mismo en el núcleo urbano de la ciudad».
Integración urbana
Esta «integración urbana del ferrocarril» sirve a Adif para justificar el pago de las «tres zonas de paso para vehículos y peatones», entendiéndolas como mejoras sobre el proyecto inicial. Además, establece que «el acabado será el propio hormigón de la losa de cubrimiento, debiendo así el Ayuntamiento de Orihuela, ejecutar la urbanización final de los mismos por su cuenta y cargo». Este importe se añadiría a los 2.519.825 euros que costaría el paso de la Carretera de Hurchillo, el de la Senda Cascante y el de la CV-95, ya prácticamente ejecutado reabierto recientemente y que ahora discurre en superficie, abandonando el falso túnel anterior para pasar ahora por encima del trazado ferroviario. «El sobrecoste que supone la ejecución de la losa de cubrición en la longitud descrita (...) respecto de las inicialmente adjudicadas por Adif el 3 de febrero de 2009, se valora en 2.519.825 euros», vuelve a justificar la empresa.
Planeamiento urbanístico
Adif exige esta cantidad al Ayuntamiento en forma de aval bancario en el plazo de un mes desde la firma del convenio. Además, la mercantil pide al Ayuntamiento «una modificación del planeamiento urbanístico vigente, donde se delimite para los suelos titularidad de Adif susceptibles de ser liberados del servicio ferroviario, una unidad de actuación o sector que permita su posterior desarrollo, gestión urbanística y ejecución, con una edificabilidad mínima de 5.000 metros cuadrados con un uso principal residencial, y en su caso terciario, para compensar a Adif el sobrecoste de la actuación de cubrimiento del trazado ferroviario».
Prácticamente las mismas condiciones se repiten para el proyecto de mejora que incluye un cuarto paso a la altura de Correntías y mejoras en las rampas de entrada y salida del tren. A pesar de que el alcalde, Emilio Bascuñana, apuntó a que se trataba de «mejoras estéticas», el convenio recoge que se trata de «dos cubriciones adicionales (...) con una losa capaz de soportar cargas para lugares de pública concurrencias sobre estas rampas. Ambas mejoras se cifran en 3,5 millones, que elevan a 6 el montante final reclamado.
Bascuñana manifestó que en una reunión celebrada hace dos semanas con la dirección de Adif, el Ayuntamiento renunció al cuarto paso y a las mejoras de las rampas, por lo que Adif se comprometió a mandar un nuevo borrador antes del pasado viernes, que no ha llegado, y donde el Ayuntamiento pedía reducir el importe de los otros tres pasos hasta los 1,7 millones de euros. Y es que el Consistorio «podría hacer frente, con sacrificios, a ese montante, pero no a una cantidad mucho más alta», señaló el edil de Hacienda, Rafael Almagro.
