La junta de gobierno extraordinaria y urgente de ayer aprobó que el Ayuntamiento se persone como acusación particular en el procedimiento judicial que investiga el supuesto sobrecoste de más de cuatro millones de euros en las obras del Teatro Municipal, según confirmó a preguntas de este diario el equipo de gobierno.
El juzgado de Instrucción 5 investiga este asunto desde que a finales de 2014 PSOE, APTCe y Los Verdes presentaran una denuncia ante la Fiscalía. Los denunciantes están ahora en el gobierno municipal y los denunciados, entre ellos el exalcalde Eduardo Dolón y Joaquín Albaladejo, forman parte del principal grupo de la oposición. Para avalar técnicamente esta decisión la junta de gobierno ha contado con dos informe de la secretaria y la oficial mayor que consideran que el Ayuntamiento, como administración pudo verse perjudicada por los supuestos sobrecostes. Si hay condena, aunque el juzgado puede decidir archivar el asunto mañana mismo, el municipio no podría reclamar esos perjuicios si no está personado.
La denuncia mantiene que la obra del Teatro Municipal y la remodelación de la plaza Miguel Hernández, adjudicada a Acciona e inaugurada en 2006 estaba presupuestada en 6,4 millones y costó finalmente 9,8. Tres y medio más de lo previsto, sin que ese montante estuviera justificado. Además del total de esa inversión 4,5 millones no fueron certificados por los técnicos municipales. Es decir, no se pudo comprobar que realmente estuvieran invertidos en la obra, por lo que El sobrecoste además se pagó en 2011, con informes en contra de los técnicos y seis años después de que se abriera el recinto. Las obras del Teatro Municipal y remodelación de la plaza de Miguel Hernández fueron adjudicadas por el Ayuntamiento a Acciona por 6,4 millones de euros en el año 2003. Se inauguraron el 28 de junio de 2006 con la presencia del entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps. Costaron finalmente 9,8 millones. De ese montante total, los técnicos advirtieron que no pudieron comprobar que 4,5 millones se hubieran invertido realmente en el edificio.
El PP defendió en su día que en este asunto existe como máximo una irregularidad administrativa nunca una responsabilidad penal y mantiene que hay un informe del técnico supervisor de las obras que justifica la inversión al completo.
La Fiscalía remitió la denuncia instando la jueza a llamar a declarar a quienes se señalan como supuestos responsables en la denuncia finales de 2014. La magistrada sin embargo optó por verificar documentalmente los extremos expuestos en ese relato solicitando documentación a la secretaria municipal. La juez que instruía las diligencias dejó el Palacio de Justicia de Torrevieja el pasado mes de junio para ejercer en un juzgado en Cartagena. Desde el punto de vista jurídico la personación de una parte como acusación particular puede ayudar a mantener vivo el procedimiento al estar presente en las declaraciones y tener opción a solicitar pruebas.
