La alcaldesa en funciones de Callosa de Segura, Antonia Cascales (EU), destapó ayer que el Ayuntamiento mantiene una deuda de 63.500 euros con familias que debían recibir ayudas de emergencia social debido a sus escasos recursos. Los impagos se han venido registrando desde el año 2010 y varios de esos beneficiarios habrían fallecido esperando a percibir las subvenciones prometidas por el consistorio.
Cascales criticó ayer la gestión de los recursos en materia de Servicios Sociales llevada a cabo por el PP durante sus últimos 12 años de gobierno y comparó que la cantidad que se le debe a las familias en riesgo de exclusión social es similar a la que cada año gastaban los populares en la contratación de dos asesores.
La primera edil, que ha asumido las delegaciones de Alcaldía por la baja médica de Fran Maciá, dijo ayer que una de las primeras medidas aprobadas por el equipo de gobierno tripartito ha sido destinar 11.300 euros para poner en marcha un comedor social en verano dirigido a niños de familias sin recursos. Esta cantidad permitirá atender a 68 menores dado que la subvención recibida a este efecto sólo permitía ofrecer los menús y organizar actividades lúdicas para 28 menores. El dinero, dijo Cascales, «ha salido del ahorro por la rebaja de sueldos» acordada por el tripartito.
La alcaldesa explicó igualmente que durante los primeros meses de gobierno se estudiarán los contratos de la empresa que gestiona la zona azul de aparcamiento para ver la posibilidad de eliminar parte de las 400 plazas de estacionamiento -aunque matizó que hay que tener en cuenta la opinión del tejido comercial-; así como el contrato de la adjudicación de basuras a Sirem para ver si se están cumpliendo las condiciones estipuladas. De igual forma, se baraja la posibilidad de que el Centro de Atención Temprana pase a ser gestionado por el Ayuntamiento de cara al año que viene e instalado en algún edificio público.
