La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación por el presunto fraccionamiento de contratos por más de 221.400 euros por parte del Ayuntamiento de Redován a una empresa que prestaba servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas durante el último mandato socialista, con Leticia Bas como alcaldesa.
Según fuentes cercanas a la investigación, durante la legislatura de 2007-2011 el consistorio de Redován abonó facturas por dicho importe económico al contratista Carlos Peñalver, marido de la actual portavoz del grupo municipal, Silvia Fonseca, y quien estaba integrado en la lista del PSOE a las pasadas elecciones. Según la documentación que obra en poder del Ministerio Fiscal, el Ayuntamiento pagó por sus servicios 60.038,46 euros en el año 2008; 71.368,87 euros en el año 2009; 68.931,42 euros en el 2010 y otros 21.069 euros en 2011, ésta última cantidad abonada en un sólo día.
Todas las facturas pagadas por esos supuestos servicios de mantenimiento relacionados con el sector de la energía eléctrica contaban con reparos del departamento de intervención, que de forma reiterada suspendió la tramitación de los expedientes. No obstante, todos esos reparos fueron levantados por la entonces regidora de un Ayuntamiento en el que la concejalía de Hacienda estaba en manos del edil Manuel Carrillo, quien concurrió a las pasadas elecciones del 24 de mayo como cabeza de lista del PSOE de Redován.
«Tracto sucesivo»
La ley de contratos del sector público obliga a sacar a concurso los contratos que superen los 18.000 euros más IVA para garantizar la publicidad y la libre concurrencia. No obstante, prohíbe igualmente que se contraten determinados servicios de forma reiterada en el tiempo al ser considerados contratos de «tracto sucesivo», como parece que ocurría en este caso.
Este asunto que podría estar ligado a un nuevo caso de corrupción política llegó a manos de la Fiscalía después de que el beneficiario de todos esos contratos denunciara en la Guardia Civil que el PP de Redován había publicado en redes sociales algunos de los documentos del departamento de intervención municipal mediante los que se ponía reparos al pago de esas facturas al considerar que se estaba vulnerando la Ley de protección de datos por aparecer su número de identificación fiscal.
