La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de nueve años de cárcel para la edil oriolana Pepa Ferrando por cuatro delitos de prevaricación y cuatro de fraude en el supuesto amaño de la contratación de los stands de Fitur durante el periodo en el que fue concejal de Turismo del Partido Popular (2008 - 2011). Cada uno de esos cuatro delitos de prevaricación supone la inhabilitación para cargo público durante nueve años.
El Ministerio Público solicita además entre dos años y un año y seis meses de prisión por un delito de fraude para cada uno de los seis empresarios del entramado de mercantiles relacionadas entre sí a las que Ferrando adjudicó esos servicios «de forma ilícita» y «torticera» según la Fiscalía, «por un precio notablemente superior al valor del mercado» para el que realmente se realizó. El municipio de Orihuela desembolsó durante esos cuatro años casi 330.000 euros para garantizar su presencia en ferias de turismo cuando el valor real de los servicios prestados -180.000 euros- apenas superaba la mitad de ese gasto. El perjuicio para las arcas municipales fue de 150.000 euros.
El fiscal Pablo Romero sostiene en el escrito remitido al Juzgado de Instrucción 3 de Orihuela que Ferrando -ahora en las filas de un partido independiente- como edil de Turismo, fue la responsable de adjudicar el montaje del stand de Orihuela en Fitur (entre 2008 y 2011) y la Feria de Turismo de la Comunidad Valenciana (2011).
Según el Ministerio Público la edil, apartada del PP antes de las últimas elecciones municipales, actuó durante cuatro años «en connivencia» con los responsables de un entramado de empresas relacionadas entre sí para obtener la adjudicación de los servicios a dedo y por un precio «notablemente superior» al valor de mercado. Para ninguno de los eventos instó a lo servicios de Contratación del Ayuntamiento «tal y como era su obligación» -prosigue Romero-, a que realizaran un expediente de contratación garantizando la publicidad y concurrencia de postores.
En el escrito de calificación el fiscal Romero asegura que los acusados actuaron «no solo con pleno conocimiento de lo arbitrario y flagrantemente ilícito de su proceder, también para defraudar al erario público (...) del Ayuntamiento de Orihuela». Un fraude que el Ministerio Público cifra en 150.000 euros. Afirma además que Ferrando y los empresarios se pusieron de acuerdo para «contravenir» de «forma consciente y radical» los principios que inspiran la legislación sobre contratación en el sector público, en especial la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato, «cercenando la posibilidad de lograr el eficiente uso de los fondos públicos».
Según la investigación policial para adjudicar el montaje de los stands no se emitían informes de valoración de los servicios, sino que era la propia Ferrando «quien de acuerdo con el resto de acusados, asignaba un precio notablemente superior al de mercado» para «defraudar a la administración a la que representaba» y produciendo «el consiguiente enriquecimiento de los empresarios a los que adjudicaba los servicios». También acusados como «cooperadores necesarios» son Javier Molinos y Mercedes Lasa Morán, para quienes se pide dos años de prisión, y Ainhoa Molinos, Juan Bautista Rodríguez, Juan Ignacio Goñi ye Ignacio Alonso Gorostiza, responsables del entramado de empresas de este tipo de instalaciones.
El pago de esas contrataciones era propuesto en junta de gobierno por Ferrando y siempre «repitiendo el mismo patrón de conducta», insiste el fiscal Anticorrupción de la Vega Baja, la concejal fraccionaba la provisión del servicio adjudicándolo con contratos menores a las distintas empresas del mismo grupo. Siempre por un montante ligeramente inferior a los 18.000 euros para eludir la legislación que impone requisitos de contratación por encima de esa barrera.
En 2008 el montaje del stand de Fitur le costó al Ayuntamiento de Orihuela 52.436 euros, pero los informes policiales indican que el valor real de mercado del trabajo realizado era de 28.811. Una secuencia que se repite el resto de anualidades: en 2009 se contrató Fitur por 91.577 euros cuando el coste real era de 53.176; en 2010 el municipio se gastó 58.000 euros para garantizar su presencia en la Feria, pero el servicio prestado tan solo valía 33.737; y en el último año de mandato de Ferrando en Turismo (2011), Orihuela empleó 82.075 euros en Fitur cuando el valor de mercado de los servicios prestados era de solo 35. 280. Lo mismo ocurrió ese mismo año para la celebración de la Feria de Turismo de Valencia donde el perjuicio a las arcas municipales ascendió a 16.000 euros, se pagaron 45.000 euros pero los servicios prestados tenían un valor de mercado de 29.000.
Estos hechos fueron denunciado al juzgado por Los Verdes y el PSOE de Orihuela en mayo de 2012. El sumario, que aporta los informes de la brigada especializada de la Policía Nacional para delitos económicos, recoge además que otros ayuntamientos de la provincia de Alicante gobernados en aquel momento por el PP como Torrevieja, Xàbia, Benidorm o Alicante - y también municipios y diputaciones del resto de España como Valladolid y Palencia-, contrataron con el mismo grupo de empresas afincadas en el País Vasco por lo que debe resolver si deben abrir nuevas causas por estos hechos en otros juzgados.
