El equipo de gobierno de Torrevieja, formado por un pentapartito que integra al PSOE, Los Verdes, Sueña Torrevieja, APTCe e Izquierda Unida, no acudirá a ningún tipo de acto religioso en representación del Ayuntamiento. Desde ahora, la asistencia de cualquier concejal a ese tipo de celebraciones será voluntaria y a título personal, pero en ningún caso como representante institucional. Dicho acuerdo se enmarca dentro de un decálogo acordado por los 12 concejales que contempla una seria de objetivos que se pondrán en marcha durante los primeros 100 días de gobierno, entre los que figuran cuestiones como personarse en los procedimientos judiciales por presunta corrupción, entre ellos el caso del mal uso de los móviles corporativos por anteriores concejales y asesores del PP o los sobrecostes en la construcción del Teatro Municipal.
La primera teniente de alcalde, Fanny Serrano (PSOE) y el concejal de IU, Víctor Ferrández, fueron los encargados de anunciar ayer estas 10 medidas con las que el nuevo equipo de gobierno quiere empezar a cambiar el rumbo que ha llevado el Ayuntamiento de Torrevieja durante más de dos décadas bajo mandato del PP. Ese ha sido el motivo, según dijo Serrano, de que la administración local haya rechazado formar parte de los procedimientos judiciales abiertos por presunta corrupción y que salpican a anteriores ediles del gobierno popular. Ahora, han decidido formar parte de los asuntos en los que se haya podido causar un prejuicio al Ayuntamiento porque «siempre que hemos preguntado por estos asuntos hemos obtenido el silencio por respuesta», dijo la edil, quien criticó asimismo que la administración local no se personara, por ejemplo en el asunto judicial en el que se investigó el amaño del contrato de la basura que acabó con el exalcalde Pedro Hernández Mateo en prisión.
Sentencias
Siguiendo con los temas judiciales, la concejala anunció otra de las medidas del pentapartito, basada en realizar una «revisión y análisis de la ligitiosidad judicial municipal» para saber cuántas causas salpican al consistorio. En este sentido, explicó que es necesario conocer al detalle en cuántos asuntos está inmerso el Ayuntamiento dado que es necesario saber cuántos procedimientos hay abiertos y qué consecuencias pueden tener las sentencias. «El alcalde siempre nos contestaba que no tenía información. No podemos entender que el Ayuntamiento no se preocupe por esas demandas», prosiguió Serrano.
De igual modo, el pentapartito ha decidido que la administración local se retire como acusación particular de los procedimientos contra varios agentes de la Policía Local iniciados «como consecuencia de las protestas pacíficas que estos han venido llevando a cabo en los plenos municipales en defensa de sus intereses y derechos laborales legítimos».
Transparencia
En cuanto a medidas de transparencia, los 12 ediles han acordado que se invitará a un representante de cada grupo municipal en la oposición, PP y Ciudadanos, a asistir a las juntas de gobierno local. Eso si, «sin voz ni voto». Aunque así está reflejado en el acuerdo escrito del pentapartito, la edil Serrano explicó que aunque la legislación recoge que estos concejales de la oposición no pueden intervenir, «si piden la palabra los escucharemos porque no haremos como el PP, que nos ha mantenido amordazados». De igual forma, han acorado que todos los ediles del equipo de gobierno publicarán en la página web municipal sus declaraciones de actividades y bienes, al igual que lo hará el personal eventual. Sobre este asunto, invitaron a los concejales de la oposición a que hagan lo mismo, dado que, tal y como recordó, los ediles sólo están obligados a publicar esta información en el Boletín Oficial de la Provincia.
Otro de los acuerdos adoptados es el de iniciar los trámites para realizar una auditoría de la deuda y el gasto público municipal así como el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana.
Fanny Serrano explicó igualmente que todos los concejales se han comprometido a no utilizar ni aceptar teléfonos móviles con cargo a los presupuestos municipales, a crear una oficina en defensa de los afectados por los desahucios bancarios y a guardar un minuto de silencio en todos los plenos municipales cuando se haya producido una víctima de violencia de género.
