El portavoz del PP y edil de Hacienda Joaquín Albaladejo aseguró ayer que el equipo de gobierno intentó realizar una contratación de los suministros, obras y servicios para la pasada Feria de Mayo ajustada al criterio de la oficial mayor del área de Contratación. Requisitos que exigen contrataciones por periodos mayores de un año y con la concurrencia de varias empresas, para desterrar las adjudicaciones a dedo. Sin embargo, aseguró ayer en el pleno Albaladejo, fue el propio departamento de Contratación que reclama esas condiciones el que, tras recibir la orden de Fiestas el 24 de abril de 2014 de tramitarlos, casi un año después, el 7 de abril pasado, respondió a la edil que no estaban preparados. En dos de los contratos, el previsto para la decoración gráfica del escenario y el de espectáculos artísticos, ni tan siquiera estaba elaborado el pliego administrativo. El resto estaba pendiente de valoración económica.
En un informe al que ha tenido acceso INFORMACIÓN la concejala Lola Sánchez asegura que ante esa situación y a un mes del evento quedaban tres alternativas: suspender la feria, «realizarlo sin ningún tipo de soporte legal ni contratación», o aprobar contratos menores, que permiten contratar directamente, es decir a dedo, amparándose en resoluciones de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Estas adjudicaciones se realizaron al final con un plazo de tiempo tan limitado que, por ejemplo, el de la iluminación, se aprobó en junta de gobierno el 7 de mayo, un día después de que se llevara a cabo el encendido de la Feria. Todas las adjudicaciones recayeron, eso sí, en los proveedores habituales del evento.
Fraude de ley
Albaladejo intervino para dar esta explicación en una corta pero conflictiva sesión ordinaria, ya con la Corporació en funciones, en la que la oficial mayor se sentaba junto al alcalde Eduardo Dolón. La funcionaria no replicó al político. El asunto salió a debate con la fiscalización de las juntas de gobierno realizada por José Hurtado (Los Verdes) que recordó además que a los habituales informes con reparo de la oficial mayor, añade ahora una advertencia en la que se exime de posibles responsabilidades que pudieran derivarse ante lo que considera un «fraude de ley».
