El gerente de uno de los mercadillos de la Vega Baja ha solicitado al Ayuntamiento de Guardamar del Segura, gobernado por Carmen Verdú (PP), que ejecute una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que desestima los recursos interpuestos por el Mercadillo Campo de Guardamar SL contra el decreto de cierre de la actividad, que opera sin licencia desde hace 20 años. En este sentido, advierten a los responsables de la administración local que los llevarán a los tribunales si incumplen la clausura.
El mercadillo «El Campico» abrió en 1992 y cuenta con cerca de 800 puestos y 40 bares funcionando al margen de la legalidad. La actividad se emplaza en suelo rústico sin ningún tipo de permiso y el consistorio nunca ha llegado a clausurarlo. La sentencia del TSJ hecha pública ahora viene a rechazar los recursos interpuestos frente a las resoluciones del Ayuntamiento de 7 de febrero de 2011, 14 de diciembre de 2010 y 30 de agosto de ese mismo año, que ordenaban la suspensión de la actividad en suelo no urbanizable protegido. Contra dicha sentencia no cabe recurso.
El tribunal rechaza la petición del gerente del zoco de mantener abierto el mercado como medida cautelar alegando que próximamente podría ser legalizado y con el objetivo de no perjudicar económicamente a los mercaderes, al considerar que «semejante argumento es inadmisible» dado que las resoluciones impugnadas «ponen de manifiesto la existencia de gravísimas deficiencias advertidas con ocasión de la inspección en el mercadillo, por lo que en ponderación de los perjuicios privados y generales parece decantarse claramente el peso hacia esos últimos». El fallo prosigue que «queda claro que el interés general se vería gravemente afectado si se admitiese la continuidad de una actividad que reconocidamente funciona sin las preceptivas licencias y, por tanto, evitando la posibilidad de control público en cuanto a las condiciones en las que se lleva a cabo».
Pero esta sentencia, que ha llegado cinco años después de que se interpusiera el primer recurso contra el cierre, no ha evitado que el mercadillo haya seguido funcionando durante este tiempo. De hecho, la actual regidora firmó dos nuevos decretos de Alcaldía en septiembre de 2014 para iniciar de nuevo expedientes de cierre de los zocos y dar audiencia a sus responsables antes de proceder a la clausura. Dicha determinación se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 17 de noviembre pero lo cierto es que, a día de hoy, el zoco continúa operando con total normalidad.
Retraso
Es por ello que el afectado que ha presentado ahora ese escrito considera que la administración local no puede seguir retrasando el cierre del mercadillo amparándose en que hay un expediente de cierre en curso al entender que el procedimiento iniciado en 2010 sí ha llegado a su fin y el TSJ ha dictaminado que no puede seguir abierto. Según los denunciantes, este no es el único mercadillo que opera sin permiso en Guardamar. Existe otro, conocido como «Altos del Moncayo» que concentra 200 paradas los fines de semana y abre con total impunidad a pesar de que tampoco tiene licencia.
