El concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Orihuela, Emilio Zaplana (PSOE), criticó ayer las 67 órdenes que han llegado al Ayuntamiento de Orihuela, por parte del Ministerio de Hacienda, para proceder al embargo de otras tantas 67 ayudas o cheques sociales, que han sido concedidos por su área a personas que se encuentran en una «situación de emergencia» y que recurren a su departamento de forma puntual para poder hacer frente a facturas del agua, luz y butano, para evitar que se les corte el suministro, aunque también para pagar una letra de alquiler o de la hipoteca y evitar con ello el desahucio de su vivienda. El edil teme que no sean ni los primeros ni los últimos oriolanos con problemas económicos a los que tienen que embargar por decisión del Ministerio de Hacienda.
La orden tiene su origen, según explicó el concejal, en que los destinatarios de estas ayudas tienen «deudas pendientes con Hacienda» y la Administración ha ordenado el embargo de las cuantías que les conceden y que oscilan entre los 100 y los 400 euros, algo que, dijo, «no tienen ningún sentido porque Bienestar Social no está para pagar las deudas con Hacienda, sino para ayudar a quienes menos tienen, de forma literal, ya que estas ayudas son de carácter puntual, que no periódico y se dan, como su propio nombre indica, ante una situación de emergencia». El edil de Bienestar Social añadió en tono electoralista y crispado que «no entendemos que (Cristóbal) Montoro -el ministro de Hacienda- quiera privar a los más débiles de los pocos recursos que tienen, mientras realiza amnistías fiscales a los más ricos».
Zaplana advirtió que las órdenes no sólo están llegando al Ayuntamiento de Orihuela sino que se están dando en todos los municipios de España y añadió que «es lógico que estas personas tengan deudas con Hacienda... y con todo el mundo. Por eso han tenido que recurrir a los Servicios sociales».
Exhaustivo
El concejal Zaplana defendió el fin último de cada una de estas ayudas porque se dan a través de «un informe social exhaustivo para que no se vulnere la Ley de Servicios Sociales. Cuando alguien solicita la ayuda, habla con el trabajador social y aporta toda la documentación que acredita su situación económica». En busca de una solución, en una comparecencia ayer en el Ayuntamiento de Orihuela, el edil relató que se reunión, junto a la jefa de servicio de Servicios Sociales y a la tesorera municipal, con la administradora de la Agencia Tributaria en Orihuela para exponerle la situación y lo que iban a hacer. Según añadió el concejal socialista, «nos llamó más tarde para pedirnos informes en los que se detallara la naturaleza de estas ayudas y así poder parar los embargos», algo de lo que por ahora no ha sabido nada más. Zaplana considera que este gesto demuestra que «los funcionarios están apoyando al Ayuntamiento y su idea de parar estos embargos que son muy injustos».
