Cinco años después y ni una sola conclusión ni interpretaciones. El informe policial entregado por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al juzgado de Orihuela que investiga la tramitación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, se limita a hacer una recopilación del material intervenido en los ordenadores registrados y subrayando qué archivos pueden ser relevantes para la investigación, pero sin ninguna aclaración de por qué. Una ausencia de interpretaciones que coincidiría con las presiones que desde el Ministerio del Interior se han realizado a agentes de la UDEF central en Madrid, quienes han elaborado el informe del plan zonal, para que extremen la objetividad en sus informes. Los altos mandos de la cartera de Jorge Fernández Díaz quieren que los agentes se limiten a una enumeración de hechos probados y prescindan de afirmaciones incriminatorias de carácter interpretativo.

Pese a que estas presiones de Interior están admitidas desde hace más de dos años, hasta ahora no habían impedido que en otros informes policiales relativos al caso Brugal los investigadores realizaran una interpretación de los hechos y explicaran al juez por qué determinadas conversaciones son relevantes para la investigación. Es el caso del informe policial referido a las escuchas relativas a las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa, donde los agentes añadían sus conclusiones en cada conversación.

En cambio, en el informe sobre el análisis del contenido de los ordenadores intervenidos en el caso del Plan Zonal, los agentes se limitan a exponer en apenas quince folios una enumeración de la documentación examinada y cuál se considera relevante para la investigación. Entre este material se encuentran los estatutos de Novalis, la mercantil constituída por Ortiz para optar al Plan Zonal; el convenio firmado en la Diputación por el que se le adjudicaba; el contrato de compra venta de los terrenos de Fenoll en La Pistola; el acuerdo de Ortiz con la empresa Abornasa para que asumiera provisionalmente el tratamiento de los residuos de la Vega Baja mientras se construía el vertedero; y un estudio calculando el incremento de precio que iba a suponer el cambio de ubicación de Lo Cartagena a La Pistola.