El cambio de ubicación del vertedero de la Vega Baja de la finca Lo Cartagena a los terrenos del empresario Ángel Fenoll iba a encarecer el proyecto en más de 25 millones , según un estudio intervenido en los ordenadores en las empresas del promotor Enrique Ortiz. El citado estudio figura entre la documentación entregada por la Policía al juzgado que investiga el caso Brugal informando sobre el material que halló en ordenadores, teléfonos móviles y otros efectos informáticos durante los registros de julio de 2010. El material remitido se corresponde a la pieza relativa a la tramitación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja. Los agentes señalan que la mayoría de los archivos obtenidos no han aportado datos de interés para la investigación, aunque sí destaca documentación hallada en los ordenadores de las empresas de Ortiz, Inusa y Cívica.
Entre los imputados en esta pieza se encuentran, además de Fenoll y Ortiz, el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll y la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente. El juzgado investiga, entre otros aspectos, si la Diputación y el Ayuntamiento oriolano trataron de compensar a Fenoll por la pérdida de la contrata del servicio de recogida de basuras en dicha localidad ubicando la planta de residuos en sus terrenos, una vez que se le adjudicó a Ortiz.
Según la documentación intervenida en los ordenadores del empresario, el cambio de ubicación iba a suponer un incremento en los costes del proyecto que pasarían de 44.815.265 euros a 71.023.537, 26 millones más. La mayor parte de ese aumento del precio se la llevaba el coste de los terrenos, que pasarían de 5.702.511,30 euros a 20.485.178. De ellos, al coste de la adquisición se destinarían 13.905.221 y el resto a infraestructuras para acceder a las futuras instalaciones. Las cantidades restantes se corresponden a la ejecución de la obra.
Los investigadores encontraron también en los equipos informáticos de Ortiz un contrato sin firmar para la adquisición de los terrenos de Fenoll en La Pistola fechado en diciembre de 2007, tres meses antes de que se firmara el convenio entre la Diputación y Ortiz para adjudicarle el Plan Zonal en la ubicación inicial. Según este documento, Novalis Medio Ambiente S.L. (la empresa de Ortiz) concretó en el contrato de promesa de compraventa un precio de compra de terrenos en Torremendo con Ángel Fenoll a un precio de 16 euros el metro cuadrado: 9,7 millones más el Impuesto de Valor Añadido que se iban a pagar en cuatro años. Se trata de suelo de secano, situado en las fincas La Ermita-La Pistola, sin expectativas urbanísticas -bancales de almendros y algarrobos- en un área de Torremendo que linda con la Región de Murcia.
Para la construcción de la planta de basura eran necesarios 1,2 millones de metros cuadrados. Ortiz llegó a ese preacuerdo de compraventa con Fenoll para adquirir la mitad. Los otros 600.000 los compró y pagó a otros propietarios por un precio mucho más reducido. Algo más de tres euros el metro cuadrado. Esos propietarios vendieron cuando se enteraron en prensa, a principios de 2008, por boca de la entonces alcaldesa Mónica Lorente que la ubicación de la planta adjudicada a Cespa Ortiz no iba a ser la finca Lo Cartagena, sino La Ermita-La Pistola. Lorente, ahora imputada en este procedimiento, indicaba que ese suelo, que aparecía como segunda opción en la oferta de Ortiz, eran una alternativa mucho mejor porque se alejaban del casco urbano de Torremendo. Pedanía cuyos vecinos se oponían y se oponen radicalmente a la construcción del vertedero comarcal. En junio de 2008 se hizo efectivo el cambio de ubicación a La Pistola. Fuentes conocedoras de esta operación mantienen que el empresario oriolano adquirió un año antes de llegar al compromiso de compra con Novalis ese mismo suelo por poco más de dos euros por metro cuadrado. Los investigadores sospechan que estos sobrecostes se iban a repercutir el pago del canon por los ayuntamiento para usar las instalaciones.
Tras los registros de Brugal de julio de 2010 toda la tramitación del plan zonal se paralizó. El Consorcio, ante la oposición vecinal, finalmente revocó el contrato a Ortiz y la infraestructura ha vuelto a su punto de partida.
