La sección VII de la Audiencia ha dado la razón esta semana a una petición hecha en junio de 2012 por el Ayuntamiento de Orihuela para que se paralizaran las labores de replantado en la finca Los Sigüenza, bajo la cual hay, según los peritos, miles de toneladas de basuras sin tratar enterradas y que son objeto de un procedimiento para determinar si fueron los responsables del vertedero de Proambiente, a muy poca distancia, los responsables de este supuesto delito medioambiental. Ayer fue el alcalde, Monserrate Guillén (Los Verdes), quien salió blandiendo un auto judicial que llega al cabo de casi tres años de que realizaran la petición y que ya no se sabe si sirve de algo porque durante este tiempo el propietario de la finca ha tenido vía libre. «Hemos perdido varios años porque esto se tendría que haber hecho hace tiempo», aseguró hastiado de un procedimiento que se eterniza y que ha generado hasta visitas de eurodiputados a la zona para ver los vertidos tóxicos contaminantes que supuraban.
Ayer Guillén hizo un repaso de la «lucha» judicial de estos tres años para que se adoptara una medida que, recordó, sólo pretendía evitar el «riesgo existente de verter en el cauce alimentario productos agrícolas tóxicos». El alcalde afirmó que a la petición inicial el juzgado tardó 16 meses en contestar denegándola -era octubre de 2013- argumentando que ya había pasado mucho tiempo y que existían medidas «menos gravosas» que la paralización de las tareas de replantación. «No adoptaron medida ninguna», recordó el regidor. Y al Ayuntamiento no le quedó otra que oro recurso de reforma ante el mismo órgano, reiterando las medidas cautelares y pidiendo la entrada en la finca para realizar nuevos análisis toxicológicos. Pero tampoco prosperó, en febrero de 2014, con argumentos que no se acreditaba ni las parcelas ni la peligrosidad de los vertidos, lo cual les llevó a un ulterior recurso ante la Audiencia, que ahora se ha resuelto favorablemente. El ponente revoca las resoluciones del antiguo juzgado mixto 3 de Orihuela y recuerda que aunque hayan pasado años, «no es óbice para que se compruebe su necesidad con el fin de evitar un delito contra la salud pública y un posible riesgo para la población».
