La magistrada Rosa María Villegas, del juzgado de Orihuela número 3, ha acordado en un reciente auto la apertura de juicio oral contra el exalcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, para quien la Fiscalía solicita casi once años de cárcel por seis delitos: fraude, revelación de secretos (dos delitos), prevaricación, tráfico de influencia y malversación de caudales públicos.
El procedimiento se tiene que juzgar ante la sección VII de la Audiencia, con sede en Elche. Además de la prisión, el Ministerio Público le pide una multa de 450.000 euros y 17 años de inhabilitación para cargo público. Moya tuvo que dimitir a finales de 2008 tras su detención dentro de una investigación de la Guardia Civil por varias irregularidades contables en el Ayuntamiento de Bigastro.
Junto al exalcalde, están acusados el exsecretario Antonio Saseta, por los delitos de falsedad y prevaricación administrativas, por los que le pide la Fiscalía cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para el cargo de fedatario; y los empresarios José Pérez y Javier Fernández, el primero por revelación de secretarios y cooperador necesario de los de fraude, prevaricación y tráfico de influencias; y el segundo por malversación de caudales públicos. Al primero se le piden algo más de cuatro años de cárcel y 17 de inhabilitación; y al segundo, de seis años de cárcel y seis de inhabilitación.
Los hechos tienen que ver con la permuta de zonas verdes en un polígono industrial de Bigastro a cambio de unos bajos comerciales en la calle La Purísima. El peritaje demostraría una operación nefasta para el Ayuntamiento bigastrense.
