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Orihuela

La comisión certifica la falta de seguridad y control en una Cabalgata de 74.000 euros

Nadie asume la responsabilidad de haber dado la salida a un desfile que se cambió de recorrido para evitar accidentes, pero que permitió que los vehículos utilizados como carrozas estuvieran dados de baja y sin seguro

La comisión certifica la falta de seguridad y control en una Cabalgata de 74.000 euros

El informe de la comisión no permanente que ha analizado la Cabalgata de 2014 saca a la luz una serie de irregularidades «consentidas y permitidas» por el Ayuntamiento de Orihuela que no impidieron que se aprobara con rapidez, en menos de dos meses, los más de 74.415 euros de aquel desfile, envuelto en la polémica por el hecho de que por primera vez abandonaba el barrio del Rabaloche. Y, aunque en el último pleno los socialistas se jactaron de que la comisión se había cerrado en falso, sin resultados, lo cierto y verdad es que el ponente, Juan Ignacio López-Bas, antes de dimitir como edil de Clr-Claro, dejó hecho su trabajo al presidente, David Costa, quien le dará una solución antes de concluir el mandato.

Y el exliberal hace especial hincapié en cuestiones curiosas como el hecho de dejar caer que el cambio de trayecto obedeció más a un capricho de la edil de Festividades, Carolina Gracia (PSOE), que a motivos objetivos como la seguridad. No sólo eso, destaca el hecho de que se omitiera en el nuevo trazado el paso por uno de los principales ejes comerciales (la calle San Pascual y la Plaza Nueva), sin consultar con el Consejo Local de Comercio. También el que todos los informes se elaboraron a posteriori para «justificar o avalar esa decisión» y cuando el contrato ya estaba dado. Del informe se extrae que no es comprensible que se cambie el trazado por seguridad cuando esas mismas calles del El Rabaloche, que han desaparecido del trazado de la Cabalgata, siguen soportando otros actos, incluso con más público o elementos tan complejos. «La decisión ha obedecido a una voluntad política, sirviendo el motivo de la mayor seguridad en su recorrido sólo como justificación posterior y accidental», dice.

Una supuesta declaración

El informe añade que la empresa, cuando la Policía le pidió las autorizaciones, contestó con «una supuesta declaración responsable de su existencia que nunca presentó, ni antes ni después de la Cabalgata. Y dice así: «Se aceptó por el Ayuntamiento que las mismas pudieran ser aportadas posteriormente (...) al límite del inicio de la Cabalgata. Y lo más extraño es que esa declaración fue emitida por alguien que no era adjudicataria del contrato. Ha de recordarse que la empresa propietaria de los vehículos, Carrosses el Llombó SL era un tercero ajeno al contrato adjudicado a AMB Producciones SL (?) En pocas palabras: se ha aceptado que quien no es parte del contrato asegure que lo cumple, cuando de ello no tiene responsabilidad ni es titular de derechos y obligaciones, y en cambio se ha permitido un incumplimiento esencial por quien realmente sí es parte».

El informe detalla que el decálogo orientativo «Cabalgata Segura», de la Federación de Municipios y Provincias, del que echó mano el Ayuntamiento para cambiar el trazado, exige sobre las carrozas el que «cumplirán la normativa prevista en el reglamento General de Vehículos y normativa concordante». Y el informe concluye que tanto el adjudicatario como la propietaria de las carrozas, «reconocieron en todo momento que los vehículos debían contar con un registro válido y autorización administrativa, inspección técnica de vehículos y seguro, porque así le constaba por el hecho mismo de someterse a un procedimiento de contratación en el que todo ello se exigía expresamente». Sobre el hecho de que no aparezca un responsable, el informe dice que los tres comparecientes han reconocido contactos, conversaciones y llamadas entre Policía, Alcaldía y Festividades pero «nadie parece asumir responsabilidad alguna por lo que haya podido suceder, por las irregularidades detectadas y, sobre todo, sobre quién decidió que la Cabalgata de Reyes de 2014 saliera a la calle pese a los problemas observados. Se ha intentado por todos los comparecientes eludir una posible responsabilidad de tomar una decisión a todas luces irregular derivando la titularidad y procedencia de esa decisión a otra persona».

Pero llega a la conclusión de que el único culpable es el edil que lo permitió: «El gestor político en este supuesto, la titular de la Concejalía de Festividades, Sra. Gracia, debió conocer las circunstancias detectadas por la Policía Local y debió asumir las irregularidades comprobadas, máxime cuando atañían a cuestiones de seguridad y este había sido precisamente el único y exclusivo motivo para decidir un cambio de itinerario». Y concluye que «resulta sorprendente que los hechos anteriores no hayan tenido trascendencia alguna ni hayan afectado a la decisión de la Junta de Gobierno de aprobar la factura de la empresa, quien ha cobrado integramente un contrato prestado, a juicio de esta comisión, infringiendo normas reglamentarias y el contrato».

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