Prescrito. Tras once años de procedimiento y cuatro aplazamientos de la vista oral en el mismo momento del juicio el juzgado de Lo Penal de Orihuela ha decidido dar carpetazo por prescripción de los delitos que tenía que juzgar contra el medio ambiente, el patrimonio arqueológico y la ordenación del territorio y por los que estaban acusados tres empresas constructoras de un puente sobre las vías del tren en San Isidro. La denuncia presentada por Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) en abril de 2004 contra la promotora de las obras, la Diputación, recogía que para realizar la infraestructura se habían arrasado 10 hectáreas de saladar -en aquel momento protegido-, se usaron 7.000 metros cúbicos de tierra del yacimiento arqueológico de Cabezo Pardo, en la que se sitúan restos de la Edad de Bronce y Argar y una alquería de origen islámico y se destruyó además el hábitat de una especie de escarabajo sólo presente en ese área -una de las cuatro poblaciones conocidas en el mundo del invertebrado Cicindela deserticoloides-. Hechos constatados, según la Fiscalía, por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y agentes de Medio Ambiente.
El Ministerio Público pedía 21.600 euros de multa (24 meses a 30 euros diarios) a cada uno de los tres empresarios A esa multa se sumaban otros 16.000 euros para hacer frente a la responsabilidad civil, que se aportaría entre las mercantiles. Algo más de 80.000 euros en total.
La primera citación para la celebración del juicio oral fue el 21de septiembre de 2009. Se suspendió. La segunda el 1 de marzo de 2010. Ocurrió lo mismo. La tercera, el 1 de julio de 2010, con todas las partes y testigos citados, tampoco fue la vencida y a la cuarta, el 20 de enero 2011, tampoco se pudo celebrar por incomparecencia de uno de los imputados. El último señalamiento y el que sería el definitivo, fue el pasado lunes.
El agente judicial comunicó a los testigos que esperaban en los pasillos que «había una cuestión previa que resolver». Allí se encontraban el denunciante Miguel Ángel Pavón -ahora candidato a la Alcaldía de Alicante-, un agente del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil y dos técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente.
Mensaje
La cuestión previa, en este caso, sí se resolvió en unos pocos minutos -nada que ver con la dilación de años en el procedimiento-, «acordándose la prescripción de los tres presuntos delitos que justificaban la celebración de juicio oral: contra la ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente».
Pavón lamentó que la prescripción de los delitos en este caso «parece que sea el mensaje que desde la justicia se lanza a la sociedad». El gobierno socialista de San Isidro prefirió no intervenir pese al impacto de estas obras que permitieron comunicar el municipio y sus polígonos industriales con Catral, eliminando el paso a nivel de la carretera CV-909.
