El denunciante Miguel Ángel Pavón calificó el resultado del proceso judicial como una «burla». Para el ecologista, «11 años después de denunciarse los hechos no se celebra el juicio y nadie es culpable de unos delitos que han prescrito por la demora en celebrarse un juicio que ha sido aplazado una y otra vez, en alguna ocasión por incomparecencia de alguno de los acusados». Pavón añadió que «todo lo relativo a este procedimiento judicial nos parece un despropósito», desde que no se encausara a la administración promotora de las obras, la Diputación de la época de José Joaquín Ripoll, «hasta que todo prescriba por el éxito de una evidente estrategia de dilación del proceso».
La denuncia recogía que diez hectáreas del saladar de San Isidro fueron destruidas para ocuparse por una infraestructura viaria que podría haberse podido realizar sin que fueran ocupados esos terrenos al saladar. Pavón recuerda que en la actualidad todavía permanece una pequeña parte del saladar «en relativo buen estado de conservación, aunque las obras del AVE también han tenido una afección negativa al haberse ocupado con acopios de materiales otra parte del saladar que quedó también arrasada». Buena parte del puente tuvo que ser reformado menos de una década después para elevar su tablero principal para dotarlo de mayor gálibo y permitir el paso del AVE, ahora en su fase ejecución final. D. P.
