El titular del juzgado de instrucción Número 2 de Orihuela ha decretado la apertura de juicio oral contra el exalcalde socialista de Catral, José Manuel Rodríguez Leal, por un supuesto delito de prevaricación administrativa por omisión al permitir la construcción de 1.124 viviendas ilegales en plena huerta del municipio. El Ayuntamiento de Catral, gobernado ahora por el tripartito de Alternativa Por Catral, Socialistas por Catral y PSOE, se ha sumado al escrito de acusación del Ministerio Fiscal, que solicita una pena de 18 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación por consentir que se construyeran urbanizaciones y viviendas diseminadas en suelo agrícola.
Los hechos se remontan a 2004 cuando varios vecinos denunciaron la proliferación de viviendas irregulares en plena huerta del municipio sin servicios básicos planificados como luz, agua, desagües, telefonía, aceras o farolas. Dos años después la Generalitat Valenciana se personó como acusación y retiró las competencias urbanísticas al consistorio, a quien acusó de estar haciendo la vista gorda al permitir que se levantaran todas estas viviendas al margen de la legalidad urbanística. No fue hasta 2007, cuando el PP llegó al gobierno local, cuando el Ayuntamiento se personó en la causa.
El exregidor Rodríguez Leal, a la sazón concejal de Urbanismo, gobernó desde 1991 hasta 2007, tiempo durante el cual se levantaron la mayor parte de estas viviendas irregulares. El escrito de acusación de la Fiscalía estimó que sólo el exregidor tiene responsabilidad por permitir las casas ilegales «con la excusa de un supuesto déficit de la actividad agrícola». En esa misma diligencia, la Fiscalía exculpó al resto de procesados por cohecho -un empresario- o prevaricación -cuatro ediles que integraban junto al entonces alcalde la junta de gobierno-. Según sostuvo el fiscal, el exalcalde «consintió a sabiendas de su ilegalidad la construcción de más de mil viviendas ajenas a la actividad agrícola en suelo rústico no urbanizable sin ejercer la disciplina urbanística correspondiente, de cuyo cumplimiento era garante por su cargo». De la investigación se supo que las viviendas se construían «siempre sin la licencia correspondiente», en ocasiones con una previa concesión de licencia para construir vallado o refugio de labor, que algunas veces se concedía condicionada a la aprobación de la Conselleria y, «aunque algunas construcciones se incoaron expedientes de infracción, los mismos concluían con la imposición de una multa, sin finalidad de restaurar el orden urbanístico, pues nunca se ejecutaron los decretos de paralización ni se paró ni se apercibió a los constructores ni se promovió demolición alguna».
El juez ha dado al exregidor un plazo de tres días para proceder a presentar su escrito de defensa.
