Un abogado de Orihuela decía hace unos días que uno no puede acercarse a las diligencias previas 851/2007 -el caso Brugal -que tramita el juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela fumando por miedo a que aquello estalle. Y era una broma, lo que no lo es, es acercarse a las fincas que rodean el vertedero de Proambiente entre Abanilla y La Murada, del que era administrador hasta hace poco Ángel Fenoll y que abrió sus puertas hace 22 años, sacar un mechero y hacer saltar una chispa porque igual, aquello sí explota. Y otro letrado aseguraba que entre los cientos folios de una de las piezas en que se desgajaron estas previas, el 26 de agosto de 2011, había visto más imágenes de llamaradas de las que nunca pensaba que podía ver en un simple sumario que le recordó casi a las zarzas ardientes de Moisés.
Esta semana la jueza Rosa María Villegas, en apoyo desde hace un año en el juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela (antiguo mixto 3), ha cerrado esta investigación, que no es más que otra dentro del entramado de causas -una veintena- que se desparramaron de aquellas previas 851/2007 y que vuelven a tener como principal imputado a Ángel Fenoll, el empresario de las basuras, quien durante años ha construido un imperio a cuenta de los desechos de los municipios de la comarca Vega Baja al punto de llegar a controlar más de la mitad (14 de 27 pueblos) gracias a las sucesivas adjudicaciones que ha fue ganando a través de la mercantil Colsur -que hizo desaparecer sorpresivamente hace unos años y que ha sido sustituida por Sirem-, principalmente, porque ofrecía un precio irrisorio y sin posible competencia por una parte de su «trabajo»: la eliminación.
El auto judicial dado a conocer esta semana explica que un millón de toneladas de escombros nunca se eliminaron correctamente sino que se enterraron en esos campos muradeños que no son ahora de minas pero casi aunque sobre ellos se plantaran a continuación miles de limoneros, según la instructora.
Lixiviados
«Yo no entiendo cómo es posible que la gente vaya hasta allí, casi de excursión, a ver los ríos de lixiviados sin saber el peligro de metanos y azufres que aquello encierra», aseguraba un eurodiputado del partido verde hace algunos meses tras visitar lo que no dudó en calificar como el mayor delito ecológico que haya visto nunca.
Esas diligencias judiciales explican que los propietarios de terrenos cobraban 5 euros por cada tonelada que dejaban enterrar y los camiones, jornada a jornada, se multiplicaban. De día y de noche. Si uno hace cuentas los números son fáciles: Enterrar esa basura, a cinco euros la tonelada, costó a lo largo de los años 5 millones de euros. El Ayuntamiento de Orihuela, uno de los que supuestamente eliminaba sus residuos en Proambiente, pagaba entonces 24 euros cuando el negocio era controlado en parte, según otra de las piezas del Brugal, por el propio Fenoll a través de empresas interpuestas. En 2012, cuando Orihuela municipalizó el servicio y echó a esta adjudicataria sospechosa ha descubierto que no logra un precio por tonelada eliminada que sea inferior a menos de 48 euros; es decir, el doble del precio por el cual la UTE Orihuela Capital de la Vega Baja se adjudicó el servicio siendo alcaldesa Mónica Lorente (PP). Y ya sabe por qué era tan barato.
La pregunta es ¿cómo es posible enterrar tal cantidad de escombros sin que nadie se dé cuenta?. Eso es algo que no aclara el auto de la jueza, que no encuentra más culpables que empresarios -siete, aunque cuatro de ellos tienen el mismo apellido: Fenoll- y cinco mercantiles sobre las cuales declara la responsabilidad civil. En cambio, el concejal de Medio Ambiente de Orihuela, Manuel Gallud (Los Verdes), sí encontró otros culpables: políticos del Partido Popular a los que desde la legislatura de José Manuel Medina (2003 a 2007) se advirtió de esta práctica sin resultado alguno en los plenos municipales. El viernes pasado relacionó a Lorente y a Fenoll y aseguró que éste financió la campaña de la política popular para que fuese la alcaldesa.
