La juez que investiga los supuestos enterramientos de basura ilegales en suelo rústico de la pedanía de La Murada de Orihuela ha dictado un auto de procedimiento abreviado contra 7 personas y 5 empresas por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

Esta investigación es una de las piezas separadas del denominado caso Brugal, y entre los imputados figuran el industrial oriolano Ángel Fenoll, su hijo Antonio Ángel y el exconcejal del PP de Albatera Francisco Javier Bru.

Entre las empresas contra las que se dirige este auto, dictado el pasado 4 de febrero por la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela y facilitado a Efe, está la empresa de Fenoll Proambiente SL.

La juez instructora, Rosa María Villegas, cree que las siete personas implicadas en esta causa "coordinaron" a diversos transportistas para que "vertiesen la basura destinada a la planta de Proambiente en diversas fincas del término municipal de Orihuela" durante años, algunas de las cuales pertenecen a varias de las empresas implicadas.

El auto también refleja que, al parecer, los responsables "vertían en los terrenos sin selección previa y, posteriormente, se cubría con tierra que se aplastaba con maquinaria", lo que ha provocado una "gran afección sobre el territorio y sobre los elementos y procesos naturales que tienen lugar en el entorno".

Estos enterramientos supuestamente ilegales pueden originar un "alto riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales y acuíferos", así como provocar "emisiones de gases y fenómenos de combustión".

Para la jueza, existe un "daño medioambiental" cuya remisión requiere que el terreno sea sometido a un "complejo proceso de restauración con la retirada de residuos, remodelación de taludes generados, relleno de huecos con material inerte seleccionado y restauración de cubierta vegetal, entre otros".

La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Orihuela denunció estos hechos en 2011 con el fin de que se investigase la procedencia de estos enterramientos de basura supuestamente ilegales en diferentes parcelas de La Murada.

Contra la decisión de incoar procedimiento abreviado cabe interponer un recurso de reforma ante este juzgado en el plazo de tres días o de apelación en el plazo de cinco días.