El concejal de Hacienda y portavoz del Partido Popular (PP) de Torrevieja, Joaquín Albaladejo, responsabilizó ayer a las proveedoras de servicios básicos, como luz y telefonía, de imponer su posición dominante en el mercado para realizar servicios sin contrato en el Ayuntamiento. Lo hizo para justificar ayer en el pleno la postura del equipo de gobierno ante el informe realizado por la interventora que refleja más de un centenar de pagos autorizados por el alcalde, Eduardo Dolón (PP), a empresas sin contrato por valor de 3,2 millones de euros en 2013, tal y como avanzó este diario.
Albaladejo se refirió así al caso de Iberdrola -a la que eludió citar por su nombre- que dota de energía a las instalaciones municipales y del alumbrado público con un coste anual de más de 2 millones de euros sin que medie contrato. Algo que permite a la multinacional fijar sus precios. El edil apeló al Gobierno de España en la sesión plenaria para impedir que las eléctricas se repartan ese mercado. Una intervención que provocó algunas sonrisas irónicas de ediles de PSOE, APTCe y Los Verdes porque parecía, indicaron, el discurso de un partido de izquierdas.
Albaladejo también aseguró que el Ayuntamiento espera poder agregarse a la central de compras de la Diputación Provincial para poder cumplir con el procedimiento administrativo a la hora de contratar este y otros servicios básicos. Albaladejo agregó que el municipio debe abonarlos para no dejar a oscuras dependencias municipales o las calles. También dijo que para parte de estas irregularidades, como es el caso del servicio postal o la limpieza de edificios, se han normalizado administrativamente en 2014.
Por su parte, la edil del PSOE Fanny Serrano cuestionó que el alcalde torrevejense no acompañara al balance de la interventora los informes de los técnicos que le han permitido levantar cada uno de esos reparos por ausencia de contrato, algo que exige la legislación. También recordó que ayer era la primera vez en la historia democrática del municipio que se daba cuenta anual de ese balance pese a que la legislación lo dispone desde 2004. Albaladejo atribuyó, sin embargo, esta novedad a la llegada de la interventora habilitada en mayo de 2013 y en un acuerdo con ella para «abordar este tipo de cuestiones».
Laxa
Serrano aseguró a los ediles del PP que interpretar la legislación de forma «laxa» provoca situaciones como que el exalcalde Pedro Hernández Mateo esté cumpliendo una pena de tres años de prisión y volvió a cuestionar el nefasto funcionamiento del perfil del contratante municipal que no recoge la mayor parte de las situaciones contractuales que Albaladejo asegura que se han normalizado en 2014.
El grupo de Los Verdes por su parte mantuvo ayer que los informes con los que el alcalde salva esos reparos los realizan funcionarios de inferior cualificación que la interventora. «Personal que entró en el Ayuntamiento a dedo», aseguró el edil de esta formación José Manuel Dolón dando a entender que quien los realiza está condicionado en su función por los políticos. Por otra parte, el PP ha convocado para el próximo martes un pleno extraordinario también con puntos de índole económica como principales asuntos de debate.
