El Ayuntamiento de Bigastro, gobernado por Charo Bañuls (PP), ha denunciado en los juzgados que el exalcalde Raúl Valerio Medina (PSOE) condonó una deuda de cerca de 100.000 euros a la empresa que construyó el colegio San José de Calasanz puesto que nunca le cobró el pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que debía de ingresar al consistorio. Esta presunta irregularidad se ha integrado en la denuncia presentada por el consistorio contra el exregidor por realizar compensaciones y bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles y del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica durante su mandato por importe de 37.000 euros, un caso en el que está imputado por prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacción ilegal.
Charo Bañuls explicó ayer que según la documentación que obra en el Ayuntamiento, en 2007 se acordó que el impuesto de construcción que tiene que pagar la empresa por levantar el nuevo colegio era de 98.000 euros. Meses después el Ayuntamiento, tras detectar que la constructora no había satisfecho ese montante, dictó una providencia de apremio y giró el cobro a través de SUMA. La mercantil presentó entonces un recurso en el que expuso que no se le había notificado el pago para que lo abonara de forma voluntaria y presentó un aval bancario de 98.000 euros que, con la suma de intereses, acabó ascendiendo a 108.000 euros.
Pues bien, siempre según la regidora, el exalcalde Medina el 26 de enero de 2009, viendo que la empresa había presentado el aval, ordenó a Suma cancelar el cobro de la deuda debido a que se había producido una «compensación» porque había un recurso pendiente de resolver y un aval presentado. No obstante, Suma si cobró al Ayuntamiento 4.000 euros en concepto de haber realizado toda la gestión.
Según la alcaldesa, ese recurso nunca se llegó a resolver y se archivó en un cajón. Bañuls dijo que en caso de haberse resuelto el recurso podrían haber ocurrido dos cosas: que se hubiera estimado la alegación y se hubiera procedido a la notificación de la deuda y posterior ejecución del pago, o que no se hubiese estimado el recurso y habría continuado la ejecución de cobro por Suma.
Pero lo cierto es que, según la alcaldesa, no ocurrió ni una cosa ni la otra y el 14 de noviembre de este año, la mercantil solicitó que se le devolviera el aval de 108.000 euros porque la deuda ha prescrito y el Ayuntamiento no la ha cobrado, algo que, según el departamento de Intervención, se ajusta a la legalidad.
Según mantuvo ayer la alcaldesa, la existencia de ese aval debería de haber quedado registrada en el Ayuntamiento pero no fue así, por lo que nadie sabía que había que cobrarla y el plazo para ejecutar el aval ha expirado. En cambió, tras las elecciones de 2011 cuando el PP llegó a la Alcaldía, sí se cobro una ampliación de la licencia de obras por otros 70.000 euros tras perder la constructora un contencioso-administrativo.
La regidora dijo ayer que todo este asunto es «muy turbio» y dijo que hay que pedir explicaciones de por qué se hizo «ese chanchullo» de no resolver el recurso de la empresa y dejar el aval archivado para que no quedara reflejada la deuda en los registros del Ayuntamiento.
