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Torrevieja

La Guardia Civil aparta al sargento que instruyó las supuestas torturas tras desaparecer 15.000€

La Comandancia de Murcia destituye temporalmente al agente mientras investiga dónde está el dinero que custodiaba por un caso de asesinato

La Guardia Civil aparta al sargento que instruyó las supuestas torturas tras desaparecer 15.000€

El sargento de la Policía Judicial de la Guardia Civil que instruyó en 2006 el caso de supuestas torturas de la Policía Local de Torrevieja a detenidos ha sido apartado recientemente de sus funciones, de forma temporal, por una investigación interna en la Benemérita, de la que ya se ha dado conocimiento a la Fiscalía, y que está relacionada con la desaparición de 15.000 euros, de cuya custodia él era responsable, según las informaciones recabadas por este periódico.

La Dirección General de la Guardia Civil abrió a finales de noviembre una investigación para tratar de esclarecer la desaparición de este dinero que agentes de la Benemérita se incautaron en relación con un doble asesinato cometido por un preso interno que mató a dos personas, una de ellas un menor, aprovechando un permiso de la prisión de Barcelona donde estaba cumpliendo condena en noviembre de 2011.

Actividad

La Dirección General de la Guardia Civil, mientras resuelve dónde está el dinero, ha cesado temporalmente de su actividad laboral al instructor aunque no se le acusa de la apropiación del mismo.

El agente instruyó en Torrevieja uno de los asuntos más espinosos de los últimos años y aún pendientes de resolución, aunque todo parece indicar que el procedimiento judicial llegará a juicio en pocas semanas. Por este asunto están acusados hasta ocho policías locales y el entonces concejal de Seguridad Ciudadana. La vista oral, ante la sección VII de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, se ha vuelto a fijar tras suspenderse en mayo pasado. Ahora está prevista para enero de 2015, casi 9 años después de que se produjeran los hechos.

La Fiscalía acusa a todos ellos en su escrito de calificación de supuestas torturas a dos detenidos -arrestados cuando asaltaban la casa de un mando de esta Policía-, y del intento posterior de ocultar lo sucedido. El Ministerio Público solicita penas de cárcel que suman 24 años para cinco agentes en activo, además de penas de inhabilitación para otros tres así como para el entonces responsable político de la Policía.

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