El último informe del área de Intervención en el Ayuntamiento de Orihuela ha vuelto a poner reparos al pago de la nómina (650 empleados y 1,2 millones de euros, incluidos políticos y asesores) que en algunos casos se plantean con carácter suspensivo, como ocurren con los 200 interinos, un porcentaje elevadísimo si se compara con el de cualquier otro municipio (el 30% del total), pero que a día de hoy no se puede cambiar ni reducir porque el Gobierno tiene congeladas las posibilidad de realizar ofertas públicas de empleo por mor de la crisis. El equipo de gobierno que desde la baja de Monserrate Guillén (Los Verdes) encabeza el socialista Antonio Zapata ha ido recurriendo durante los últimos meses a la realización de un contrainforme, desde el área de Personal, para poder pagar evitando levantar los reparos del interventor con una justificación que derive la responsabilidad en éste, no en el político.
El problema que se encontró ayer el equipo de gobierno (PSOE y Los Verdes) es que los técnicos se negaron a seguir contrainformando, según fuentes municipales, lo que colocaba ayer tarde a los 650 trabajadores de la casa a expensas de una decisión de última hora para saber cuándo cobrarán sus nóminas y si Zapata tendría que firmar un decreto autorizando el pago y corriendo los riesgos de verse con una denuncia en los juzgados. A partir de ahí, la noticia corrió como la pólvora por los pasillos de la casa consistorial porque nadie sabía si iban o no a cobrar con normalidad. La situación derivó en la convocatoria a última hora de una asamblea prevista para hoy en La Lonja (13.30 horas) por los cuatro sindicatos con representación en la Junta de Personal del Ayuntamiento de Orihuela que explicarán a los trabajadores cuál es la situación creada desde mayo, cuando se produjeron los cambios en el área de Intervención, lo que generó a su vez la salida del interino Javier Cifuentes. Con éste nunca hubo problemas; en cambio, con el técnico nuevo, que adquirió la plaza en propiedad, Fernando Urruticoechea, los reparos se suceden nómina tras nómina desde entonces tanto por cuestiones de fondo como de forma. ¿Qué ha pasado ahora que antes no ocurría? Sencillamente, la interpretación que éste hace de la legislación de Haciendas Locales y que es mucho más legalista. El interventor siempre ha declinado la petición de INFORMACIÓN de realizar manifestaciones al respecto de su trabajo ciñéndose siempre a lo que digan sus informes y escritos.
El técnico tiene la obligación de realizar cada mes un documento en el que da o no su consentimiento al pago de la nómina y desde su llegada todos han sido negativos; pero ahora, además, el tono que va empleando, según fuentes municipales y sindicales, ha ido subiendo y aunque nadie sabe los motivos lo cierto es que el actual equipo de gobierno se comprometió a hacer las cosas tal y como él consideraba que tenían que hacerse, resolviéndose todas las cuestiones que ha ido planteando, sin que muchas hayan tenido solución y han pasado ya seis meses.
Familias
Pero lo que ayer fue lo que movilizó a los trabajadores fue el hecho de que quiera congelar el pago de las productividades que se perciben y de la cual dependen muchas familias o las retribuciones variables (horas extra) o los complementos que perciben los agentes de la Policía Local.
Todo porque considera, siempre desde un punto de vista técnico y legalista, que su abono no se justifica para el fin que fue creado, y en puridad tiene razón porque hay trabajadores de la casa que llevan años cobrando unos pluses sin que formen parte de su nómina, lo que provoca que no aparezca como un gasto fijo dentro del presupuesto o que semestral o anualmente se tengan que aprobar sobresueldos para justificar una especial dedicación que se viene repitiendo desde hace años pero sin consolidar las situaciones de estos funcionarios.
Urruticoechea llegó a Orihuela desde el Ayuntamiento de Crevillent, donde su alcalde, César Augusto Asencio, le abrió varios expedientes que quedaron en nada porque caducaron. Antes estuvo en el Ayuntamiento de Castro Urdiales y sus denuncias por corrupción acabaron con empresarios y políticos condenados, aunque otros procedimientos fueron sobreseídos.
