Si cada oriolano (91.260, según el INE) pusiera de su bolsillo 527,62 euros el Ayuntamiento podría liquidar su deuda actual, que ascendía a 30 de octubre, según el interventor Fernando Urruticoechea, a 48.153.216,8 euros. El técnico ha vuelto a dar cuenta en otro informe trimestral al Ministerio de Hacienda de la delicada situación de las arcas municipales precisamente la misma semana que el equipo de gobierno bipartito (Los Verdes y PSOE) publicaba en un boletín municipal que piensa gastarse en inversiones 4,6 millones de euros en los próximos meses procedentes de la venta de parcelas en la costa durante los últimos tres años.
Lo curioso del caso es que todas esas inversiones, de las que no ha dado cuenta a los medios de comunicación el Ayuntamiento de Orihuela más que a través de su propio medio, se pretenden ejecutar en el primer semestre del año; es decir, antes de que concluya la actual legislatura y manteniendo la actual situación de interinidad de los presupuestos que seguirá prorrogados en una situación que se heredará por tercer año consecutivo, a diferencia de lo que marca la legislación, y es que cada anualidad debe comenzar con las cuentas aprobadas y sobre la mesa porque es una obligación legal.
Prorrogar en 2015 el presupuesto de 2014 Prorrogar en 2015 el presupuesto de 2014(que es lo que se hizo con el de 2013 y éste con el de 2012) es una situación extraordinaria que sólo se justifica, según el artículo 169 de la Ley de Haciendas Locales, para el caso de que materialmente no haya dado tiempo en su elaboración. La realidad en Orihuela, porque así lo ha admitido el alcalde en funciones, Antonio Zapata (PSOE) es que ni se han puesto ni se van a poner con las cuentas de 2015 y esperarán que la nueva corporación que salga de las urnas el año próximo se pongan con esta labor.
Mandato legal
Curiosamente, 2015 será el año de mayor esfuerzo por pagar esa deuda dentro del Plan de Pagos que fijó el gobierno a diez años vista y que va a suponer el abono de 9.052.144,24 euros; es decir, casi el doble de lo que se gastará el municipio en inversiones aunque este dinero, por mandato legal, nunca podría utilizarse para pagar deuda. El año próximo Orihuela tendrá que hacer el mayor esfuerzo económico probablemente de su historia para pagar parte de la deuda porque las cantidades irán descendiendo paulatinamente hasta 2024, cuando esté previsto que finalice el pago de la deuda que se heredó de anteriores corporaciones y que el equipo de gobierno situó en más de 60 millones de euros.
En 2015 es más que probable que aparte de este imprevisto por la deuda tenga que hacerse frente al pago de sentencias por expropiaciones que el alcalde Monserrate Guillén (Los Verdes) y la concejala de Hacienda, Carolina Gracia (PSOE), rechazaron incluir en la última fase del plan de pagos a proveedores argumentando que no tenían cabida en él pese a que la portavoz del PP, Mónica Lorente, argumentaba todo lo contrario.
Orihuela, según la proyección de pagos, no comenzará a respirar en lo que se refiere a la deuda hasta 2022, cuando la cifra a la que tiene que hacer frente baje a menos de dos millones de euros, concretamente, 1.956.978,63 euros. Hasta entonces, a esos nueve millones de euros que se pagarán en 2015 hay que sumar otros 8,3 millones en 2016; algo más de 6 millones en 2017; 5,7 millones en 2018; 3,6 millones en 2019; y 3,3 millones en 2021.
